El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves su situación frente a la propuesta de la Comisión de presionar a las grandes empresas europeas o con una fuerte facturación en la UE a fin de que identifiquen y supriman prácticas que fomentan el trabajo infantil, el trabajo forzado, la polución o la humillación medioambiental y la pérdida de diversidad durante toda la cadena de valor de sus operaciones. La llamada directiva sobre diligencia debida de las compañías en materia de sostenibilidad, que prevé multas de hasta el cinco% de la facturación global de las corporaciones que no cumplan los requisitos, da así un paso esencial, pues el visto bueno de la Eurocámara —pese al voto contra los miembros del Congreso de los Diputados del PP y de Vox— deja pasar a las negociaciones finales con los Estados miembros para pactar un texto legal terminante.
La propuesta ha salido adelante por un total de trescientos sesenta y seis votos a favor, doscientos veinticinco en contra y treinta y ocho abstenciones. Entre los que han rechazado el texto están los miembros del Congreso de los Diputados del PP y los de Vox, hecho que ha lamentado el socialista Ibán García del Blanco. “Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea”, ha declarado. Con su voto negativo, “los eurodiputados del PP transmiten la idea de que para ellos es normal que una multinacional europea utilice mano de obra infantil en cualquier lugar del mundo y que no haya manera de pedirle explicaciones. Tras la imagen anodina del señor Feijóo se esconde el PP más regresivo de su historia”, ha acusado el eurodiputado, que recuerda que el PPE no había manifestado su rechazo a la normativa a lo largo de la larga negociación del texto, hecho que prueba que prácticamente cincuenta de eurodiputados del PPE sí hayan apoyado este jueves la ley. Fuentes del PP en la Eurocámara contestan que ha habido por la parte de los otros conjuntos políticos “una enorme falta de voluntad para alcanzar un consenso en una materia tan delicada como esta” y lamentan que el texto aprobado no sea el conveniente, ya que, entre otros muchos, “algunos de los compromisos alcanzados criminalizan a las empresas, y son demasiado gravosos, especialmente con las pymes”, si bien estas de entrada no se van a ver perjudicadas.
Las nuevas reglas se van a aplicar a empresas con sede en la UE de cualquier ámbito, “incluido el financiero” que tengan más de doscientos cincuenta empleados y una facturación superior a los cuarenta millones de euros. También van a estar sometidas a esta directiva, una vez sea aprobada de forma final, a aquellas empresas matrices con más de quinientos empleados y una facturación global superior a los ciento cincuenta millones de euros. En lo relativo a las compañías no europeas, asimismo se van a ver perjudicadas aquellas cuya facturación exceda los ciento cincuenta millones de euros, con por lo menos cuarenta millones generados en la UE.
Plan de transición
De cara a la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, las compañías van a deber desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a uno con cinco grados centígrados. En el caso de las compañías con más de mil empleados, el cumplimiento de este plan va a deber tener influencia en la parte variable de la retribución de los ejecutivos, los bonus.
En materia de respeto de los derechos humanos, las compañías deberán tomar medidas con respecto a los perjudicados por su actividad, entre ellos los activistas de derechos humanos y medioambientales, van a deber introducir un mecanismo de reclamaciones y observar de forma “regular” la eficiencia de su política de diligencia debida. Y deberán facilitar la información sobre estas políticas a los inversores.
Una vez aprobada la directiva, en las negociaciones que deberían acabar a lo largo de la presidencia de España de la UE, las compañías van a tener un plazo de 3 a 4 años para aplicar las nuevas reglas, en función de su tamaño y facturación. Una vez entren absolutamente en vigor, las corporaciones infractoras van a poder enfrentar sanciones que van a deber imponer los supervisores nacionales. Van desde multas del tipo name and shame, esto es, hacer pública la infracción y el nombre del infractor, a retirar sus productos del mercado o aun multas de “al menos el 5% de la facturación global” de la compañía incumplidora. Además, las compañías infractoras no europeas van a quedar excluidas del mercado de contratación pública de la UE.
Durante la discusión del texto, en la sesión plenaria del miércoles en Bruselas, hubo repetidas menciones a la catástrofe del Rana Plaza, el complejo fabril a las afueras de Dhaka (Bangladesh), cuyo colapso el veintitres de abril de dos mil trece ocasionó la muerte de mil ciento treinta personas y heridas a más de dos mil quinientos y provocó un revulsivo internacional sobre las condiciones de trabajo sobre todo de la industria textil. La normativa europea que se impulsa ahora busca eludir catástrofes y la explotación laboral como la que expuso el Rana Plaza, si bien ciertos defensores de derechos humanos y medioambientales estiman que no va suficientemente lejos.
“Esta ley es un tigre sin dientes y sin garras, faltan mecanismos de Estado para obligar a que se cumplan y respeten las leyes laborales y de derechos humanos”, lamenta el activista contra el trabajo infantil y el trabajo forzado Fernando Morales de la Cruz, creador de Café for Change.
Para la organización medioambiental WWF, si bien el texto de la Eurocámara supone un “avance” respecto de la propuesta del Consejo de la UE, “sigue habiendo espacio para la mejora para atender detalles cruciales que impidien los objetivos de la ley de proteger el planeta y los derechos humanos de una conducta empresarial dañina y para apoyar a las empresas que buscan la sostenibilidad”. Para la ONG, hay que ir más allí en materia de diligencia debida medioambiental, planes de transición climática y hasta la cuestión de la retribución de los directivos de las compañías “para garantizar que la ley sea significativa tanto para las empresas como para el planeta”.
