El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado una medida contundente al exigir la retirada de anuncios de alojamientos vacacionales ubicados en asentamientos israelíes en territorio palestino. Esta decisión, anunciada recientemente, se basa en una investigación que ha identificado un total de 138 ofertas publicitarias consideradas ilegales en España, las cuales abarcan más de 200 códigos postales en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Aunque el ministerio no ha divulgado los nombres de las plataformas involucradas, su acción marca un importante paso hacia la regulación del sector turístico.
Retirada de Anuncios Ilícitos
Desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy, se ha enviado un requerimiento inicial a estas plataformas para informarles sobre el contenido prohibido y exigir su eliminación inmediata en España. El ministerio ha advertido que, en caso de incumplimiento, podrían tomar medidas adicionales. Este anuncio coincide con la reciente publicación del boletín oficial que lista las localidades y códigos postales correspondientes a estos asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional.
Implicaciones Legales y Éticas
El ministerio enfatiza que los alojamientos en cuestión contribuyen a la normalización de un régimen colonial ilegal. Recuerdan la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024, que instó a los Estados a actuar para evitar relaciones comerciales que sostengan esta situación. La acción también se enmarca dentro de un real decreto-ley aprobado en septiembre, que establece medidas urgentes en relación al genocidio en Gaza y apoya a la población palestina. Esta normativa declara ilegal la publicidad de productos y servicios asociados a asentamientos israelíes ilegales.
Presión en el Sector Turístico
Esta no es la primera vez que se ejerce presión sobre el sector. En octubre, sindicatos como CC OO instaron a varias agencias de viajes a detener su colaboración con gigantes del turismo como Airbnb y Booking, que comercializan alojamientos en territorios ocupados, presentándolos erróneamente como en Israel.
Denuncias de ONG y Organizaciones Internacionales
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado públicamente a diversas plataformas por ofrecer estos alojamientos. Además, la asociación Juristas por el Respeto al Derecho Internacional, con sede en Francia, ha llevado a cabo acciones legales contra un conocido servicio de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Análisis del Ministerio
La investigación que dio lugar a estas acciones comenzó a finales de septiembre y fue encargada a la Dirección General de Consumo. Se analizó si empresas estaban comercializando bienes o servicios de territorios palestinos ocupados, aprovechándose de la situación de ocupación. Este estudio se basó en un informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, que denuncia el beneficio económico de las empresas de la ocupación y la existencia de asentamientos ilegales.
Recientemente, la ONU identificó a 158 empresas con actividades “preocupantes” en derechos humanos en estos territorios, entre las que se incluyen 138 israelíes y 20 extranjeras, destacando plataformas turísticas globales como Airbnb y Booking. Este escenario subraya la urgencia de una regulación y responsabilidad más robustas en el sector turístico.
