En las localidades de Atalaya del Cañavete, Cañada Juncosa y Tébar, tres pequeños pueblos de Cuenca con poco más de 500 habitantes, el susurro constante de las turbinas eólicas ha cobrado vida. Estas estructuras imponentes son parte del 56% de energía renovable que España generó el año pasado. En el corazón de este paisaje se encuentra Gecama, el mayor parque eólico del país, propiedad de la empresa israelí Enlight Renewable Energy. Mientras las aspas giran, la sombra del éxodo rural cubre a estas comunidades, reflejando un dilema mucho más profundo: el vínculo de Enlight con proyectos en Gaza y territorios palestinos ocupados, en medio de un contexto de embargo de armas por parte de España hacia Israel.
Las controversias de la expansión energética
En julio, antes de que el Gobierno español anunciara un paquete de medidas para limitar el comercio de armas con Israel, el Ministerio para la Transición Energética aprobó un proyecto de hibridación para Gecama, que incluye la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento. Esto permitirá brindar «energía limpia durante 24 horas a 100,000 viviendas», en un esfuerzo por alinearse con los objetivos de transición energética del país. Sin embargo, la empresa beneficiaria generará aproximadamente 87 millones de euros al año, coincidiendo con las críticas de más de 130 ONG que han denunciado a Enlight por “lucrarse con el genocidio en Gaza”.
En Tébar, el agricultor retirado Juan Miguel recoge aceitunas en su finca, rodeado por el sonido de turbinas que abarcan 8,000 hectáreas y producen 329 MW. Su perspectiva es clara: “Uno se acostumbra, pero el impacto visual es significativo”, comenta, señalando la presencia abrumadora de ambos parques eólicos. “El ruido se vuelve insoportable cuando todas están en funcionamiento”, añade, haciendo hincapié en el descontento que sienten muchos en el pueblo ante el paisaje dominado por estas estructuras.
Desafíos en la transición energética
La ampliación de Gecama, que se espera duplica su producción a 625 MW para mediados de 2026, aún carece de claridad sobre el espacio que ocupará, según un comunicado de la empresa. Cristina Alonso, ingeniera industrial responsable de Justicia Climática en Amigas de la Tierra, critica la falta de coherencia en las decisiones políticas de transición energética del Gobierno. “Se veta a deportistas israelíes, pero los acuerdos energéticos permanecen intactos. El Estado debe decidir qué empresas participan en esta transición”, argumenta.
A pesar de los intentos de este medio por contactar a Enlight, la empresa ha optado por permanecer en silencio. Con una inversión de 310 millones de dólares en la hibridación de Gecama, Enlight opera no solo en España, sino también en varios países europeos y otros territorios del mundo, incluyendo la franja de Gaza y los Altos del Golán, conocidos por su situación geopolítica compleja.
Implicaciones para el futuro energético
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica afirman que cualquier decisión sobre los sectores afectados por el veto a Israel corresponde al Consejo de Ministros. La autoridad evita aclarar si la energía renovable debería estar protegida de cualquier crisis diplomática. La responsable de Amigas de la Tierra califica como “inadmisible” que España dependa de una empresa que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y que ha sido acusada de promover la violencia en Gaza.
La crítica a la ampliación de Gecama resalta la importancia de que la transición energética sea justa y respetuosa con los derechos humanos. Alonso señala que este tipo de proyectos, que generan riqueza mientras afectan el entorno rural, no contribuyen a una transición real ni sostenible. “La ampliación debería ser dimensionada de manera que no se pierda tierra agrícola, y se podría aprovechar espacios como los techos para generar energía”, propone, desafiando la noción de avance en la medida que se impone la construcción de grandes instalaciones.
El impulso de la energía renovable en España se sostiene, en gran parte, por financiamiento privado. En 2022, el Banco Europeo de Inversiones destinó 12,300 millones de euros a proyectos de energías limpias y almacenamiento. Sin embargo, a nivel local, muchos en los pueblos como Tébar ven esta situación como una oportunidad de escape más que de desarrollo. “Nadie se queda mucho tiempo aquí. Algunos incluso quieren que pongan turbinas en su terreno, cobrar y marcharse”, comenta Juan Miguel, subrayando el dilema que enfrenta esta “España vacía” mientras las turbinas continúan girando.
