El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado inicio a una consulta pública sobre su propuesta de orden que regulará los cargos de la factura eléctrica para 2026. Este ajuste implicará un incremento promedio del 10,5% en esta parte fija del recibo, un movimiento que tiene como responsable a la titular del ministerio, Sara Aagesen. Los cargos en cuestión son esenciales para financiar diversas iniciativas, incluyendo la retribución a energías renovables, la amortización de la deuda eléctrica y las subvenciones para sistemas extrapeninsulares.
Aumento de los peajes
Este aumento se sumará al incremento del 4% ya anunciado para el siguiente año por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la porción fija restante de la factura eléctrica, conocida como peajes. En total, los usuarios podrían enfrentarse a un aumento de aproximadamente 14,5%. Los peajes sirven para cubrir los costos de las redes eléctricas y se espera que experimenten un alza del 12% en el transporte de alta tensión y del 2,5% en las líneas de distribución de media y baja tensión, según la CNMC.
Es importante tener en cuenta que tanto cargos como peajes afectan a todos los usuarios. A esta carga se suma el costo de la energía, que varía dependiendo del contrato del consumidor, ya sea en el mercado libre o en la tarifa regulada (PVPC), vinculada a los precios del mercado mayorista.
Detalles de la nueva regulación
En esta reciente orden ministerial, se evidencia un incremento de costes de 1.050 millones de euros, alcanzando un total de 7.419 millones. La mayor parte de este aumento proviene de los costes de las energías renovables bajo el sistema Recore, que crecerán un 37% respecto a 2025, sumando 5.760 millones de euros. La razón detrás de este aumento radica en que el ministerio había proyectado precios más altos de los que realmente se han materializado, lo que obligará a compensar a las instalaciones ganadoras de subastas para un precio fijo en 2026, conforme a la regulación.
Por otro lado, la amortización de la deuda eléctrica, que finalizará en 2028, sigue en disminución, estableciéndose en 1.883 millones de euros, un 21% menos que el año anterior. Los costes para los archipiélagos, Ceuta y Melilla permanecerán sin cambios, alrededor de 841 millones de euros.
¿Una estimación optimista de la demanda?
El financiamiento de estos cargos proviene de la factura eléctrica de los usuarios y de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen impuestos y tasas asociadas a varias energías. El Gobierno también utilizará un superávit de tarifa de 2024, que asciende a 709 millones de euros, aunque este debe destinarse principalmente a la amortización de deuda eléctrica.
Para el próximo año, Hacienda prevé aportar 1.995 millones de euros provenientes del impuesto del 7% a toda generación, junto con 612 millones de los tributos aplicados a fuentes nucleares e hidroeléctrica. Además, el Gobierno planea aportar 1.100 millones de euros derivados de las subastas de derechos de emisión de CO2. Sin embargo, la propuesta no especifica qué proporción de estos ingresos representa en el total.
Las proyecciones han generado un debate, ya que, según fuentes del sector, si los costes aumentan en 1.055 millones de euros y los ingresos externos solo en 524 millones, la subida debería ser del 15,1%, no del 10,5% como se ha planteado. Esto se basa en la premisa de que el Ministerio de Transición Ecológica prevé un incremento del 4,5% en la demanda eléctrica, una estimación que algunos consideran demasiado optimista en comparación con el pronóstico más conservador de la CNMC, que espera un incremento de tan solo el 2,3% para 2026. Según analistas, si se rectifica esta diferencia, podríamos enfrentar un déficit tarifario en 2026.
Por último, a través de estos cargos también se cubre el funcionamiento del operador del mercado, OMI-Polo Español, que para 2026 se estima en 15,4 millones de euros.
