La economía española está a punto de transformar el panorama de los créditos abusivos, que en muchos casos llegan a rozar tasas astronómicas de hasta el 3.000% TAE. En las próximas semanas, el Gobierno presentará un anteproyecto de ley que implementará la directiva europea sobre crédito al consumo, una medida que promete proteger a los hogares del sobreendeudamiento.
Nuevas Regulaciones para un Mercado en Cambio
La directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, dio a conocer estas iniciativas durante un evento de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef). Según ella, la directiva europea surge de un mercado de créditos en constante evolución, impulsado por la digitalización y la aparición de nuevos actores que operan fuera del marco regulatorio. “Buscamos establecer normas que ofrezcan seguridad a los consumidores”, explicó Díaz Álvarez, resaltando la necesidad de un marco común en este sector.
Problemas Actuales con el Crédito
En España, actualmente no existe una regulación específica para la concesión de créditos, lo que ha permitido la proliferación de entidades digitales que ofrecen préstamos rápidos de bajo importe, a menudo con intereses exorbitantes. Muchas de estas plataformas captan a personas vulnerables que, en su desesperación, buscan alternativas tras ser rechazadas por bancos tradicionales. La falta de supervisión en estas entidades plantea riesgos significativos, puesto que no cumplen con los estándares de crédito responsable que deberían evaluar la capacidad de pago del cliente.
Fernando Casero, presidente de Asnef, enfatizó la importancia de crear un régimen de acceso y supervisión uniforme: “Todos debemos jugar con las mismas reglas”, aseveró, reflejando la necesidad de una regulación estricta.
Límites a los Intereses y Protección al Consumidor
Una de las propuestas más contundentes de la nueva directiva es la implementación de límites a los tipos de interés. Este sería el primer intento en España de regular las tasas de interés de forma general, contrarrestando así prácticas abusivas. Aunque la normativa europea no detalla un modelo específico, sí exige una estrategia clara para prevenir tipos excesivos. España, que históricamente ha carecido de límites legales en este ámbito, ahora debe adaptar su modelo a las complejidades del actual mercado financiero.
El Tesoro está considerando diversas opciones para establecer estos límites, incluyendo tasas absolutas o tipos de interés medios con márgenes máximos. Se discute también la posibilidad de segmentar según el tipo de producto financiero, atendiendo a la diferencia entre un préstamo personal y un microcrédito.
Además, la reforma propone una mejora en la información precontractual que debe recibir el cliente. Esta medida incluye la entrega de documentos esenciales al menos 24 horas antes de la firma, permitiendo así que los consumidores comparen y tomen decisiones informadas. La normativa también tiene en cuenta el derecho de desistimiento, que se extenderá automáticamente si la información no se presenta adecuadamente.
Un Camino hacia la Transparencia
Mientras las normas aún están en proceso de definición, la llegada tardía de España a esta regulación plantea importantes desafíos. La directiva necesita ser implementada antes del 20 de noviembre de 2026, con el objetivo de abarcar todos los contratos, incluidos aquellos que, hasta ahora, han quedado excluidos. Esto incluye créditos de bajo importe y esquemas de Compra ahora, paga después, donde la transparencia será fundamental para asegurar que los consumidores comprendan sus obligaciones financieras, independientemente de si el crédito genera intereses.
La intención de esta nueva normativa es clara: equilibrar la protección del consumidor con el fomento de la innovación y una competencia justa en el sector financiero.
