España se encuentra en una posición desfavorable en comparación con sus pares europeos en términos de cooperación entre el sector público y privado. Mientras que en la Unión Europea los contratos de concesión —acuerdos en los que una empresa financia, construye o gestiona un servicio público a cambio de beneficiarse de sus ingresos durante un periodo determinado— representan alrededor del 12% de la contratación pública, en España esa cifra apenas llega al 5%. Si analizamos la cantidad de contratos, la situación es aún más alarmante: solo un 1,25%.
Estos datos fueron presentados por la Cátedra UB CCIES de Derecho de la Regulación de Servicios Públicos (Carsep). Según este organismo, “las concesiones se limitan a servicios básicos como agua, transporte, servicios sociales, deporte y cultura, mientras que la inversión en grandes infraestructuras ha prácticamente desaparecido”.
Las restricciones impuestas por la Ley 2/2015 de desindexación y el RD 55/2017 han sido identificadas como factores que limitan la duración de los contratos y su capacidad para adaptarse a la inflación. Esta situación convierte los proyectos en menos atractivos para las empresas, lo que afecta directamente a la contratación pública. La desvinculación de estas normativas es, para Carsep, fundamental para mejorar el panorama.
Otro aspecto crucial en esta problemática es lo que han denominado el “apagón concesional”. Este término hace referencia a la eliminación de “garantías históricas” como la responsabilidad patrimonial de la administración. La falta de seguridad jurídica en conceptos clave como el riesgo operacional y la revisión de precios genera desconfianza en el sector privado. Además, la ausencia de claridad y profesionalización en la supervisión y ejecución de contratos contribuye a agravar el problema.
Los expertos sugieren que en lugar de crear nuevas directivas, se debe establecer un reglamento europeo que garantice una armonización real del marco concesional entre los Estados miembros. Este reglamento debería incluir normas específicas sobre renegociación, equilibrio económico-financiero y modificación contractual.
El análisis fue elaborado como parte de un convenio entre la Universitat de Barcelona (UB) y la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES). Durante el evento “Los contratos de concesión en clave europea: España, Italia y Portugal. Balance y perspectivas”, celebrado el 21 de noviembre en Madrid, se destacó que la Unión Europea está en un proceso de revisión de las directivas de contratación pública de 2014, solicitado por el Tribunal de Cuentas Europeo. El periodo de consulta finaliza el 26 de enero de 2026.
En este sentido, los ponentes, que incluían académicos de diversas universidades y el director jurídico de Veolia, Óscar Martínez Guzmán, subrayaron la importancia de que España aproveche esta oportunidad para restaurar la confianza del sector privado, reactivar la inversión y modernizar sus infraestructuras, haciéndolas sostenibles y competitivas.
