La reciente controversia en torno a la central nuclear de Almaraz ha generado un intenso debate que merece ser analizado. La orden, emitida el 23 de julio de 2020, estableció que la prórroga solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy sería “la última y definitiva”. Sin embargo, este mandato, que algunos consideran irrelevante, fue redactado por las propias compañías eléctricas en consonancia con el calendario de cierre del parque atómico español, acordado en un memorándum no vinculante con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en marzo de 2019.
La Inminente Prórroga
A pesar de la supuesta naturaleza definitiva de esta orden, las empresas han solicitado recientemente una extensión de operación hasta 2030. Todo parece indicar que el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Sara Aagesen, probablemente aceptará la solicitud, especialmente después de que las eléctricas desistieran de sus demandas de recortes fiscales, que el ministerio había considerado «líneas rojas».
Este escenario revela que la mención a lo «definitivo» en la orden ministerial no es más que un formalismo, dado que no hay ninguna normativa que establezca realmente una fecha de cierre obligatoria. De hecho, fuentes jurídicas enfatizan que la controversia en sí se basa en un acto administrativo y no en una ley, lo que permite a las empresas seguir adelante con su petición sin que se vea afectada por la reciente enmienda del Partido Popular.
Intereses Políticos y El Futuro de Las Centrales Nucleares
La enmienda propuesta por el Gobierno extremeño ha captado la atención porque se trataba de la primera gran prueba para Junts después de su ruptura con el Ejecutivo. A pesar de las nulas implicaciones de la enmienda, la decisión de los independentistas catalanes de evitar un enfrentamiento sobre el tema nuclear revela la complejidad del debate energético en España.
Lo más significativo es que las empresas han reconocido lo que previamente negaron: pueden solicitar una prórroga incluso sin la derogación de la orden de 2020. Este cambio de enfoque resalta una dinámica en la que, efectivamente, una orden posterior podría invalidar la anterior si resulta beneficiosa para los solicitantes.
Un Futuro Cargado de Incertidumbres
La ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 se presenta en un contexto de incertidumbres. Recordemos el extenso proceso que rodeó el cierre de la central de Santa María de Garoña, que se extendió durante una década. Hoy, cada central nuclear, incluido Almaraz, parece abrir su propio capítulo, con escenarios futuros que seguirán de cerca la evolución de los permisos de Cofrentes y Ascó I.
Las decisiones sobre el futuro de cada planta se tomarán de manera independiente: Iberdrola controlará la situación en Cofrentes, mientras que Endesa lo hará en Ascó. Sin dudas, la negativa de Naturgy a prorrogar Almaraz más allá de 2030 ha influido en que las empresas solo hayan solicitado una extensión de tres años.
A medida que miremos hacia adelante, la incógnita persiste. Cada central nuclear tendrá que navegar sus propios desafíos. La decisión final sobre su futuro recaerá, en última instancia, en el Consejo de Seguridad Nuclear y en el Gobierno en el momento pertinente. Pero una cosa es segura: las compañías eléctricas siempre tendrán la última palabra.
