La Junta de Andalucía se bloquea con la administración de los fondos europeos

La Junta de Andalucía solo ha ejecutado de forma eficaz el doce,88% de los 3.199,8 millones ingresados a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea. Una cifra que baja hasta el diez con cuarenta y seis% si equiparamos los cuatrocientos doce con cuarenta y tres millones de euros gastados de forma eficaz por el Gobierno andaluz con la asignación total comprometida por el Ministerio de Hacienda, que asciende a 3.939,88 millones de euros, conforme con los datos que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos manejaba a data de veintiocho de febrero de dos mil veintitres, a los que ha tenido acceso este diario. La administración de las ayudas europeas semeja que se le atraganta a la Administración autónoma, una vez que la Cámara de Cuentas advirtiese de que a treinta y uno de mayo de dos mil veintidos la comunidad solo había gastado el 4,99% del dinero mandado por la Unión Europea, que entonces ascendía a 2.368,95 millones de euros.

La reconvención de la Cámara de Cuentas recogida en un informe publicado el mes pasado de enero salió a la luz acompañada de las protestas de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA), cuyo presidente, Javier González de Lara, por esas datas, aseguró que las compañías de la comunidad habían recibido menos del quince% de los fondos Next Generation. El informe escoció dentro del Gobierno andaluz, que se apuró a aseverar que los datos estaban desfasados y que, desde ese momento, se habían activado el cuarenta% de los fondos europeos dos mil veintiuno-dos mil veintiseis, conforme esgrimió el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en sede parlamentaria a inicios de febrero.

Ese porcentaje no se ajusta a la realidad. Hasta ahora solo se han presupuestado los fondos entre dos mil veintiuno y dos mil veintitres y, conforme con los datos que maneja la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el total autorizado (1.332,94 millones) supone el treinta y tres,8% de toda la cantidad asignada (3.939,8 millones hasta dos mil veintitres). Esa cifra del total autorizado, si bien es un paso administrativo indispensable, tiene poca relevancia a efectos de la contratación y ejecución del gasto, donde la partida que cuenta es la de las obligaciones reconocidas, que asciende a los cuatrocientos doce con cuarenta y tres millones, conforme con los datos recabados a data de veintiocho de febrero del actual año.

El Ministerio de Economía no dispone de datos homogéneos sobre la ejecución de los FTPR por la parte de las comunidades por ser su administración una competencia autónoma, señalan fuentes gubernativos consultadas. Sin embargo, como en el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los organismos fiscalizadores de Madrid, Valencia, Asturias, Canarias, (*4*)Castilla y León o Navarra asimismo han auditado la administración de esos fondos europeos por la parte de sus respectivos gobiernos regionales. Los periodos tampoco son homogéneos y en ciertos informes, como el de Madrid, no se incluyen datos específicos de obligaciones reconocidas, mas los porcentajes de ejecución referidos a instantes precedentes al veintiocho de febrero de dos mil veintitres, patentizan la lentitud de Andalucía respecto de otros territorios.(*7*) En el caso de Navarra, a data de treinta y uno de diciembre de 2022, se habían ejecutado el catorce% de las ayudas. En el caso de la Comunidad Valenciana, (*3*)de pacto con el último informe publicado por la Generalitat pertinente a esa data de fin de año pasado, asciende al veintiocho,7%, más del doble respecto del trece% de la Junta ejecutado un par de meses después.

Según el cuadro elaborado por la Junta, hay componentes como “la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero” —un ámbito que representa el 5,7% del PIB regional― para los que no ha ejecutado ni un euro, a pesar de haber recibido los cuarenta y tres con noventa y siete millones que le tocan de la asignación total, haber autorizado veinte con noventa y siete millones y haber comprometido —esto es, cantidades que pueden revertirse― 0,44 millones. Una situación afín se observa para “la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad”, que asimismo ha recibido los ciento setenta y tres con ochenta y uno millones que le correspondían de los prácticamente 4.000 millones asignados en conjunto y que tampoco ha pagado ni un euro, a pesar de tener comprometidos veinte con ochenta millones, el doce%.

Otras partidas que apenas se han ejecutado son las destinadas a la “preservación del espacio litoral y los recursos hídricos” —un campo donde la Junta, a consecuencia de la sequía, pone el foco de sus políticas―, donde solo se ha efectuado el 0,14% del gasto total de los ochenta y dos con once millones asignados, que asimismo han sido pagados en su totalidad. En el caso del “despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía”, asimismo se han recibido los doscientos uno con cincuenta y uno millones de euros previstos, mas solo se ha ejecutado el 0,22%, a pesar de haberse autorizado ciento ochenta y cuatro con treinta y cuatro millones de euros, el noventa y uno,4% del total. Apenas se ha ejecutado, tampoco, la asignación relacionada con el “impulso a las pymes”. De los diecisiete con diecisiete millones previstos, la administración andaluza ha ingresado 8,59 millones, de los que ha ejecutado solo 0,02 millones, el 0,23%.

Las consejerías de Empleo y de Turismo son las que más gasto efectivo han efectuado con el ochenta y seis con noventa y dos% y el setenta y cinco con veinticinco%, respectivamente, destinados a “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” y “para el plan de competitividad y modernización del sector turístico”.

La Cámara de Cuentas solicita más agilidad

La Junta ha responsabilizado al Gobierno central de los inconvenientes para ejecutar los fondos europeos, apuntando cara la carencia de “cogobernanza real y efectiva con todas las comunidades, de la que carece el actual diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, conforme arguyó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la comisión del ramo festejada en el Parlamento andaluz el pasado dieciseis de mazo. España asimismo censuró, en exactamente la misma línea que cuando Moreno fue interpelado por el jefe de la oposición en la sesión de control del Gobierno de febrero, que las comunidades habían “quedado relegadas a un mero papel de gestorías con muy poco margen de actuación”.

Andalucía es la comunidad que más fondos Next Generation recibe de España. Al territorio se han destinado de forma eficaz 4.895 millones de euros de los veintiuno y seiscientos nueve millones del plan de restauración del Gobierno central, conforme los últimos datos de data de 7 de marzo publicados por el Ministerio de Economía y facilitados por el encargado del Gobierno, Pedro Fernández, la semana pasada. El setenta% de estos 4.895 millones—(*5*)3.420 millones, una cantidad levemente superior a la consignada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a data de veintiocho de febrero (3.199,8 millones)― los administra de manera directa la Junta. Los otros 1.475 millones engloban inversiones, subvenciones y programas de administración directa del Gobierno central.

En el informe que publicó el mes pasado de febrero, la Cámara de Cuentas aconsejaba a la Junta que adoptase medidas que dejaran una (*8*) del plan, que simplificara procedimientos y automatizase los trámites administrativos. Advertía de que desde el instante en que se activaron los fondos del PRTR en el mes de enero de dos mil veintiuno y hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veintidos, el Gobierno andaluz tampoco había planeado la contratación de personal; no había formalizado los instrumentos jurídicos entre las entidades ejecutoras y las entidades instrumentales, infringiendo la normativa europea que forzaba a recoger la manera de trasferir los recursos y las obligaciones de cada entidad instrumental; no se habían desarrollado guías ni manuales que regulen la aplicación de criterios uniformes sobre la ejecución de las subvenciones, los convenios, la publicidad y la transparencia; ni la web sobre los fondos habilitada en la página de la Consejería era eficiente ni dejaba conseguir información sobre las asignaciones, los proyectos, el desarrollo de reformas, las inversiones, el grado de ejecución o el cumplimiento de jalones y objetivos.

Un portavoz de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos apunta a este diario que desde el instante en que se recabaron los datos para ese informe (*1*). En el enorme Pacto Social y Económico por le Impulso de Andalucía, que la Junta firmó con la CEA, UGT y CC OO, se contempla, además de esto, la creación de un Comité de análisis de los fondos europeos para el seguimiento de su administración y ejecución. (*2*), apunta Luis Fernández-Palacios, secretario general de la CEA.

El actual Gobierno andaluz del PP alardea de haber agilizado los trámites para desburocratizar la administración y hasta dos mil veintiseis queda margen para poder ejecutar todos y cada uno de los fondos, aunque el ritmo de los primeros años puede poner en riesgo el ansiado cambio de modelo productivo andaluz para el que estas ayudas europeas son una ocasión única, especialmente en contexto empresarial donde el noventa y cinco% son pequeñas y medianas empresas.

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