En un contexto donde la desigualdad económica y social es cada vez más evidente, Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha propuesto destinar el incremento del gasto militar a iniciativas sociales que garanticen mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Durante un acto informativo, Montero destacó la necesidad de reorientar los recursos, señalando que España ha aumentado el gasto militar en 24.000 millones de euros desde 2023, cifra que considera excesiva y sin justificación parlamentaria.
Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la nacionalización de Repsol, valorada en 9.100 millones de euros, así como la contratación de 80.000 profesionales, que incluirían 40.000 sanitarios y 40.000 docentes. Para Montero, este viraje en las políticas de gasto no solo es viable, sino necesario para atender a las necesidades esenciales de la población, como la sanidad y la educación.
El discurso de Montero no se limitó a la redistribución del gasto. También abogó por expropiar viviendas pertenecientes a fondos de inversión para destinarlas al alquiler social y propuso aumentar el presupuesto para combatir la violencia de género. Además, planteó la creación de un supermercado público y la remuneración de permisos de cuidado para padres, enfatizando que los recursos del Gobierno deberían priorizar el bienestar social en lugar del armamento.
Un llamado a la redistribución de la riqueza
Montero criticó la falta de credibilidad en los gobiernos de España y Europa, señalando que no han logrado repartir la riqueza de manera justa. Su posición se fundamenta en el artículo 128 de la Constitución, que establece que la riqueza debe estar subordinada al interés general. Para la candidata, existe un «gran saqueo» que concentra los recursos en una minoría privilegiada, contrarrestando la situación de vulnerabilidad de muchas familias, que enfrentan un elevado costo de vida, especialmente en lo que respecta a la vivienda y la alimentación.
La eurodiputada también hizo eco de la propuesta de Ada Colau, candidata a la alcaldía de Barcelona, de implementar un impuesto a los superricos que podría generar 10.000 millones de euros. Montero aboga por una presión fiscal más elevada para aquellos con mayores ingresos, sugiriendo que la redistribución de la riqueza debe ser una prioridad en las políticas fiscales de España. En este sentido, instó a «freír a impuestos» a las grandes fortunas como un medio para promover una justicia económica y mejorar el bienestar general.
Con una retórica centrada en la equidad y el bienestar social, Irene Montero ha presentado una propuesta que busca no solo revertir el incremento del gasto militar, sino reconfigurar completamente las políticas de inversión del país, apuntalando su argumento con datos que demandan atención y acción inmediata por parte del Gobierno y la sociedad.