En un contexto judicial complejo, Mastercard y Visa enfrentan una demanda colectiva en Londres por un monto cercano a 5.000 millones de libras, equivalente a 5.970 millones de euros. Esta acción legal se centra en los presuntos daños económicos sufridos por comercios británicos durante los últimos seis años debido a la falta de competencia en el sector de los pagos electrónicos.
La demanda fue presentada por los bufetes Harcus Parker y Hausfeld, quienes argumentan que la tasa de intercambio multilateral, es decir, la comisión aplicada cada vez que un cliente realiza un pago con tarjeta, podría haber sido excesivamente alta. Este posible abuso de poder por parte de Visa y Mastercard, que dominan el mercado, obligó a los comercios a asumir costos adicionales al procesar pagos con tarjetas de crédito, débito y prepago desde octubre de 2020.
En caso de que la demanda prospere, se consideraría una de las mayores reclamaciones por compensación en la historia del Reino Unido. Los abogados involucrados expresan su optimismo respecto a la posibilidad de que las empresas afectadas recuperen sus pérdidas, basándose en antecedentes favorables en casos similares.
Aspectos Financieros y Antecedentes
Una característica notable de este litigio es que los despachos de abogados que lo llevan a cabo recibirán una compensación proporcional a los resultados obtenidos. Esta estrategia está apoyada por Brench Walk Advisors, una firma especializada en la financiación de litigios, lo que añade un matiz significativo al caso.
No es la primera vez que Mastercard y Visa enfrentan críticas por sus prácticas. Por ejemplo, en 2025, acordaron pagar 167,5 millones de dólares en Estados Unidos tras ser acusadas de incrementar las comisiones de los cajeros automáticos de manera desproporcionada. En respuesta a las acusaciones actuales, Mastercard ha declarado estar “rotundamente en desacuerdo” con los fundamentos de la reclamación, mientras que Visa sostiene que su papel es crucial para mantener la seguridad y funcionalidad del ecosistema de pagos digital.
Lo que está en juego en este caso va más allá de los números; representa un desafío fundamental sobre la competitividad en el sector de pagos, un ámbito vital que afecta tanto a los minoristas como a los consumidores. A medida que el litigio avanza, podría establecer precedentes que impacten en la regulación y las prácticas comerciales dentro de este sector clave de la economía global.