Urbas, una empresa española en proceso de concurso de acreedores, ha denunciado irregularidades en la gestión de su administración concursal. Según la compañía, se ha manipulado el conteo de adhesiones y oposiciones a su propuesta de convenio con la finalidad de forzar su liquidación, en lugar de buscar una solución que permita la continuidad de la empresa. Este enfoque, según Urbas, no solo afecta a su supervivencia, sino también a los intereses de sus accionistas, acreedores y empleados.
La controversia surgió tras recibir un informe del administrador concursal que indicaba que la propuesta de convenio no había conseguido las mayorías estables exigidas legalmente. Urbas, en respuesta, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que consideraba este conteo incorrecto y poco ajustado a derecho. La empresa argumenta que las adhesiones a favor de su propuesta suman más de 57,3 millones de euros, que incluyen tanto los 20,3 millones declarados por la administración como otros 37,2 millones que fueron excluidos por diversos motivos.
Entre los motivos de exclusión, Urbas cuestiona la consideración de algunas adhesiones como extemporáneas. La empresa sostiene que la administración concursal utiliza criterios formales que no reflejan la voluntad real de los acreedores. En concreto, esta última fijó las oposiciones en alrededor de 34,1 millones de euros, incluyendo un crédito de Attijariwafa Bank por 12,4 millones, cuyo voto fue señalado como en contra a pesar de que la entidad bancaria había expresado previamente su intención de reconsiderarlo. Este tipo de omisiones y exclusiones pone en tela de juicio la transparencia y la equidad del proceso.
Además, la empresa critica que el cómputo incluyó créditos subordinados y dejó fuera algunos créditos documentados de profesionales vinculados a la compañía. Urbas ha manifestado su intención de impugnar el procedimiento ante el Juzgado, pidiendo una revisión de los criterios aplicados en el conteo de votos y créditos. Según Urbas, estas acciones buscan restaurar el debido proceso y defender la continuidad de la empresa.
Con estas circunstancias, varios acreedores que han sido perjudicados por la exclusión de sus derechos de voto han solicitado mantener su derecho durante la tramitación de las impugnaciones. Urbas se muestra optimista y asegura que, con un cómputo justo de los votos y créditos, se puede alcanzar la mayoría necesaria para aceptar su propuesta de convenio.
La situación de Urbas ilustra la complejidad y las tensiones inherentes a los procesos de reestructuración empresarial, especialmente en momentos críticos donde la supervivencia de la empresa está en juego. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de Urbas, sino que también enviará un mensaje sobre las prácticas dentro de los procedimientos concursales en el país.