El Consejo de Ministros tiene programada para este martes la aprobación del anteproyecto de ley del estatuto del becario, una iniciativa destinada a regular las prácticas extracurriculares, que son las que suelen generar más precariedad. Este nuevo marco legal busca no solo limitar la explotación en el ámbito de las prácticas, sino también garantizar que los estudiantes reciban compensaciones adecuadas por gastos de transporte y alimentación, especialmente aquellos que no cuentan con una remuneración.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) ha acogido con optimismo la figura de esta compensación, aunque manifiestan su preocupación ante el posible incumplimiento por parte de las empresas y entidades que acogen a estos estudiantes. La rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, advierte sobre la experiencia pasada con las cuotas de la Seguridad Social, un nuevo derecho para los estudiantes no remunerados que, de hecho, están siendo cubiertos por las universidades, cuando inicialmente estaba previsto que esta carga fuera asumida por las empresas.
A pesar de que el costo es mínimo, alrededor de 10 euros al mes por estudiante, la mayoría de las instituciones aún evitan hacerse cargo de estos gastos. Alcón detalla que esta situación invita a la cautela: «Es esencial que tanto el sector empresarial como las Administraciones Públicas se comprometan a asumir su parte», destaca. Si no se logra un acuerdo firme, el futuro de este modelo de prácticas podría verse amenazado.
### Compensaciones Garantizadas
El anteproyecto establece claramente que cada estudiante tiene derecho a recibir compensación de gastos por parte de la entidad donde realice sus prácticas. Esta compensación debe ser acorde con lo estipulado en los convenios de cooperación, cubriendo gastos por desplazamiento, alojamiento y manutención.
La CRUE respalda cualquier avance normativo que fortalezca los derechos de los estudiantes, subrayando aspectos como el derecho a interrumpir las prácticas por razones de salud o cuidado, sin que esto afecte su evaluación, así como el acceso a servicios equivalentes a los del personal de la empresa. «Son pasos significativos que deben ser reconocidos y respaldados», concluyen los rectores.
### La Voz de los Estudiantes
Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) critica que este estatuto se haya diseñado únicamente en diálogo con los sindicatos, excluyendo a la comunidad educativa. «El anuncio de su próxima aprobación refleja una falta de comunicación directa con nosotros», lamenta la organización estudiantil.
La CREUP sostiene que esta exclusión ha llevado a que borradores previos presentaran serias carencias técnicas y políticas, y advierten que el mismo patrón parece repetirse. Exigen al ministerio que rectifique y abra un proceso auténtico de participación donde los estudiantes puedan hacer oír su voz. «Si realmente se busca erradicar la precariedad en las prácticas, lo primero es escuchar a quienes la viven», concluyen.
El estatuto regresará al Consejo de Ministros en unos meses para una segunda lectura, antes de ser discutido en el Congreso, donde se anticipan desafíos significativos dado el escepticismo que ya han expresado algunos socios del Gobierno respecto a este proyecto, que fue inicialmente presentado en junio de 2023. La necesidad de apoyo de grupos como Junts, que la semana pasada rompió su acuerdo de investidura, añade aún más incertidumbre a la aprobación de esta legislación clave para el futuro de los becarios en España.
