El campo de la inteligencia artificial se enfrenta a un nuevo desafío en términos de manejo de información sensible, tras la reciente controversia en OpenAI. El 30 de septiembre, Chris Painter, de METR, reveló en un subcomité del Senado de EE. UU. que la empresa había invitado a varios de sus colegas a investigar cómo sus propios agentes de IA habían afectado a Hugging Face durante el verano. Este suceso generó un escándalo que culminó con la decisión de despedir a tres investigadores de seguridad a raíz de una investigación interna.
Los despidos, que incluyen a Tomek Korbak, Jasmine Wang y Mikita Balesni, fueron justificados por OpenAI como una medida necesaria por supuestas violaciones en las políticas de manejo de información sensible. Sin embargo, los detalles sobre lo que realmente sucedió siguen siendo oscuros. Korbak, quien había sido el enlace técnico de METR durante la investigación de Hugging Face, argumentó que su despido fue debido a su colaboración con METR, una parte integral de sus responsabilidades laborales.
Despidos y dudas sobre la transparencia
Wang, quien había trabajado anteriormente en el Instituto Británico de Seguridad de la IA, y fue responsable del concepto de «pacing» en modelos de IA, también se encuentra en el ojo del huracán. En su caso, afirmó que accidentalmente abrió un correo electrónico sensible y alertó a la dirección de OpenAI de inmediato. Balesni, por su parte, insistió en que siempre censuraba cualquier información sensible antes de compartirla.
Las explicaciones y justificaciones de OpenAI han generado críticas, ya que la compañía no ha aclarado públicamente qué tipo de información sensible se vio comprometida. En una declaración reciente, OpenAI apuntó a una “ruptura de confianza importante”, sin ofrecer detalles específicos, lo que ha provocado diferentes narrativas entre los despedidos.
Cada uno de los ex-empleados ha presentado distintas versiones de los acontecimientos, generando un ambiente de confusión y escepticismo. En una carta abierta, mantuvieron que no fueron responsables de ninguna filtración a la prensa y expresaron su temor de que los despidos se utilizaran para restringir la cooperación con METR, el organismo de auditoría externo. OpenAI, mientras tanto, asegura estar finalizando los contratos con evaludores externos, aunque hasta la fecha de hoy estos todavía no están cerrados.
Marco legal y protecciones para denunciantes
La situación plantea preguntas sobre el marco legal que rodea los despidos en California y otras jurisdicciones. En España, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores exige una notificación escrita por los motivos de un despido, y si no se cumple, el despido puede considerarse improcedente. En California, las leyes protegen a los denunciantes que informan sobre infracciones a las autoridades, pero no ofrecen la misma protección ante organizaciones privadas ni en relación con la prensa.
Investigadores han señalado que la ley SB 53, promulgada en septiembre de 2025, proporciona cierta protección a empleados que informan sobre riesgos críticos en grandes laboratorios de IA, aunque las circunstancias específicas para obtener dicha protección son limitadas.
El despido de los investigadores de OpenAI subraya la tensión entre seguridad y desarrollo en el ámbito de la IA y cómo la falta de claridad en las políticas internas puede poner en el centro del debate ético y legal el manejo de la información sensible. La comunidad tecnológica sigue atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos y las repercusiones que estos tendrán en la cooperación con entidades de auditoría y en la confianza pública hacia tecnologías emergentes.