Guadahermosa Proyectos Urbanísticos 2001, una filial del grupo Urbas, ha sido declarada en concurso necesario por el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid. Este concurso fue solicitado por BPRS Activos Financieros, perteneciente al fondo RS Lender, que reclama una deuda de 53 millones de euros a la empresa.
Esta situación ha provocado que la administración de la compañía pase a manos de una administración concursal designada por el juzgado, dejando fuera a sus actuales gestores. La disputa entre Urbas y RS Lender se ha intensificado, ya que este último también busca recuperar 189 millones de euros en los tribunales de Reino Unido, donde se ha presentado una batalla legal que abarca múltiples jurisdicciones, incluyendo Madrid y Luxemburgo.
El conflicto comenzó en 2020, cuando Urbas acudió a RS Lender en busca de financiamiento. A través de este acuerdo, la inmobiliaria obtuvo 79 millones de euros, destinados a una política de adquisiciones de constructoras en dificultades. Sin embargo, al acercarse el vencimiento de los pagos a finales de 2024, la empresa no logró cumplir con sus obligaciones, lo que llevó al fondo a ejecutar garantías, incluyendo una prenda en Luxemburgo que, según RS Lender, tenía un valor de cero euros.
Un escenario complejo para Urbas
La declaración de concurso necesario para Guadahermosa puede interpretarse como una primera victoria para RS Lender en este enfrentamiento judicial. La juez que llevó el caso indicó que la empresa está en situación de insolvencia, al tiempo que destacó la falta de contabilidad y la ausencia de cuentas anuales aprobadas.
En términos generales, Urbas se enfrenta a un estado crítico. Su cotización en el mercado ha sido suspendida durante más de un año, y se encuentra en concurso de acreedores desde enero. La compañía continúa tratando de avanzar en una propuesta de convenio que, hasta ahora, no ha recibido el apoyo necesario de sus acreedores.
El informe de la administración concursal de Urbas revela que ya en 2021 la empresa atravesaba dificultades financieras, con un volumen de obligaciones vencidas cercano a 56 millones de euros. Además, se han identificado irregularidades en la ampliación de capital realizada en agosto de ese mismo año, lo que ha generado aún más inquietudes sobre la transparencia de sus operaciones.
La situación de Urbas se complica aún más al enfrentar 70 procedimientos civiles y cinco penales. La oposición de varios acreedores, incluyendo a la Sareb y diversas entidades bancarias, al convenio propuesto, pone en entredicho su capacidad para salir de este atolladero financiero.
En este delicado contexto, la dirección del grupo, encabezada por Juan Antonio Acedo, deberá tomar decisiones estratégicas que permitan no solo resolver su conflicto con RS Lender, sino también recuperar la confianza de sus acreedores y garantizar la viabilidad futura de la empresa.