En un día inusual para la función pública en España, los tres principales sindicatos—UGT, CC OO y CSIF—se unieron en una masiva protesta. Aunque no es lo común, la situación actual ha llevado a 3,5 millones de empleados públicos a exigir al Gobierno iniciar conversaciones serias sobre un incremento salarial. Desde el 1 de enero, estos salarios han permanecido congelados, y ante la creciente presión, la directora general de Función Pública, María Hilda Jiménez, se reunió rápidamente con los líderes sindicales para discutir sus demandas.
La Protesta: Un Eco en Madrid
La movilización en la capital, que reunió entre 500 y 1,000 personas según los organizadores, resonó con gritos de “menos discursos y más recursos” y “a negociar o huelga general”. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, enfrentó llamadas urgentes para sentarse a negociar una subida salarial que se espera tenga efectos retroactivos desde principios de año, así como mejoras en condiciones laborales.
Los sindicatos responsabilizan al ministro López del estancamiento de estas negociaciones. María Jiménez, profesora de secundaria de 49 años, enfatiza la necesidad de un ajuste salarial para recuperar el poder adquisitivo. “Con la inflación, es cada vez más complicado llegar a fin de mes”, añade Braulio Jiménez, un empleado del Ministerio de Justicia.
La Gravedad de la Situación
Antes de la reunión con el ministerio, la representante de UGT, Isabel Araque, declaró que el Gobierno está “castigando a 3,5 millones de trabajadores públicos” al mantener el bloqueo a la negociación. Araque subrayó que estas movilizaciones son solo el comienzo, mientras que Lucho Palazzo, de CC OO, instó a reconocer el valor de los empleados públicos en tiempos de crisis, prometiendo que la lucha continuará.
Durante la misma protesta, CSIF reiteró la necesidad de que el Gobierno ajuste automáticamente los salarios de los empleados públicos con base en el IPC, al igual que se hace con las pensiones. Mientras tanto, UGT y CC OO desean una discusión sobre cómo implementar este ajuste.
Hacia un Nuevo Acuerdo
La decisión del ministro Óscar López de reemplazar a la antigua secretaria de Estado, Clara Mapelli, por Consuelo Sánchez Naranjo, establece un nuevo capítulo para la búsqueda de un acuerdo salarial. Este nuevo pacto deberá reemplazar el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que solo fue firmado por CC OO y UGT y ofreció una mejora salarial acumulada del 9.5% desde 2022.
Aparte de los salarios, los sindicatos también han demandado una mayor contratación en el sector público. Araque señala que “la tasa de reposición de efectivos debe suprimirse” para poner fin a la temporalidad y mejorar los procesos de selección. Hacerlo de manera ágil se vuelve crucial no solo para la accesibilidad, sino también para adaptarse a las nuevas realidades digitales de la administración pública.
Con un futuro incierto pero lleno de posibilidades, los sindicatos están dispuestos a seguir luchando por un sector público que merezca el reconocimiento y los recursos que realmente necesita. La próxima reunión con la secretaria de Estado será clave para definir el rumbo de estas negociaciones y del bienestar de millones de trabajadores en el país.
