El fondo Ares, que controla el grupo Aestes, propietario de las clínicas dentales Vivanta, ha solicitado concurso de acreedores. Esta decisión ha sorprendido a muchos, ya que, poco antes, Ares había presentado a la Sepi un panorama de continuidad y mejoras en los resultados de la empresa.
Según la Abogacía del Estado, en un reciente escrito presentado ante el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid, se opone a la venta propuesta de Aestes al fondo canadiense OTPP. En su argumentación, se indica que la compañía estaba proyectando un escenario optimista hasta fechas cercanas a la solicitud de concurso. La Abogacía destaca que, a finales de 2022, Ares había expresado su intención de respaldar la actividad de Aestes y al equipo directivo encargado de ejecutar un Plan de Viabilidad.
En julio de 2022, el Gobierno aprobó un rescate para Vivanta, incluyendo una ayuda pública de 40 millones de euros mediante préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi. A pesar de esta inyección de capital, la situación de Aestes se tornó crítica. En agosto de 2023, la empresa presentó su solicitud de concurso con un pasivo que ronda los 100 millones de euros y un activo valorado apenas en cuatro millones.
Un giro inesperado en el camino
Resulta interesante que, solo semanas antes de declarar el concurso, Aestes logró una reestructuración de sus préstamos con la Sepi, lo que indicaba una cierta estabilidad financiera. Aunque la compañía presentó pérdidas contables, estas ya estaban contempladas en su Plan de Viabilidad. En mayo, Aestes había reportado una evolución positiva en sus principales indicadores operativos y una mejora en su EBITDA, que alcanzó los 2,5 millones de euros.
A pesar de los datos prometedores, la Abogacía del Estado ha señalado que la falta de comunicación adecuada por parte de Aestes hacia la Sepi podría haber contribuido a la delicada situación actual. Las ausencias en la entrega de la información requerida y los cierres de clínicas, entre otras decisiones relevantes, no llegaron a ser comunicadas con la suficiente antelación, lo que ha complicado el panorama.
La decisión de entrar en concurso, cortando drásticamente con la comunicación previa y con los planes de expansión, ha generado un impacto negativo en cerca de 650 empleados. Según la Abogacía, la evolución de los acontecimientos apunta a un giro inesperado en la estrategia de la empresa, que parecía estar en una trayectoria de recuperación.
Finalmente, la Abogacía del Estado ha concluido que Aestes no debía ser considerada una empresa condenada a la liquidación, sino una con posibilidades de recuperación, siempre y cuando tuviera el respaldo necesario. Sin embargo, el abrupto cambio de dirección en la estrategia concursual ha dejado preguntas sin respuesta, así como la necesidad de una justificación que explique esta desavenencia entre la situación financiera hasta junio de 2026 y la decisión de concursar poco después.