El Consejo de Ministros tiene programada para hoy la aprobación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que impugnaría la norma recientemente aprobada en Murcia, que elimina las subvenciones destinadas a los sindicatos y la patronal. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Trabajo, viene a instancias del Ministerio de Política Territorial, que ha solicitado al presidente Pedro Sánchez que recurra al tribunal debido a la supuesta invasión de competencias estatales. La llamada Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia, modificada en julio con el apoyo del PP y Vox, se encuentra en el centro del debate. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya había anticipado la intención del Gobierno de llevar este tema ante el tribunal de garantías.
Fundamentación del Recurso
El recurso del Gobierno se apoya en un análisis del Consejo de Estado que subraya las preocupaciones sobre la nueva redacción de la ley, que permitiría, entre otras cosas, destinar fondos únicamente a los empresarios, excluyendo a los sindicatos más representativos. Así, se solicitará, como es habitual en estos casos, la suspensión de la Ley impugnada hasta que se tome una decisión final.
El impacto de la ley en el derecho de sindicalización
El texto enviado al Consejo de Ministros resalta que la ley murciana, tal como está redactada, «de facto» elimina la financiación relacionada con la actividad sindical, lo que podría afectar el ejercicio del derecho a la sindicalización y va en contra de la competencia estatal en materia de legislación laboral. El Ejecutivo argumenta que esta norma no solo elimina las subvenciones a los agentes sociales, que califica como «prerrogativas», sino que también rompe con el principio de paridad institucional, obligando a que ambas partes, tanto la patronal como los sindicatos, reciban apoyo financiero.
La exposición de motivos de la normativa murciana señala que la modificación busca optimizar el gasto del gobierno regional, permitiendo redistribuir recursos hacia áreas prioritarias como educación y sanidad, al mismo tiempo que critica el “clientelismo político” que podría surgir de tales subvenciones.
Antecedentes de Conflictos
La ministra de Trabajo recordó en un evento hace poco que este no es el primer enfrentamiento entre gobiernos autonómicos del PP y Vox y las instituciones laborales. Un caso destacado tuvo lugar en Castilla y León, donde la eliminación de la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) generó una crisis. En esa ocasión, el Ministerio de Trabajo exigió a la Junta que restaurase la financiación, lo que finalmente ocurrió a finales de 2024, pero tras varios intentos de reducción drástica del servicio.
La vicepresidenta del Gobierno ha enfatizado que la situación actual es «mucho más grave» que el caso del Serla, subrayando así la magnitud de las implicaciones de la ley murciana para los derechos laborales en el país.
El Consejo de Ministros debe dar luz verde hoy, ya que el plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad se cierra mañana, 29 de octubre de 2025. La migración de estas cuestiones hacia el Tribunal Constitucional es un claro indicador del creciente conflicto entre las autoridades regionales y la legislación estatal en España.
