“Soy autónomo, no puedo enfermar”; “soy autónoma, si no trabajo, no cobro”; “soy autónomo, en lugar de un jefe, tengo cien”; “soy autónomo, no tengo vacaciones”; “soy autónomo, no me puedo jubilar”. Estos testimonios reflejan las inquietudes de un colectivo de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, según datos oficiales de la Seguridad Social. Las preocupaciones abarcan desde empresarios que gestionan múltiples empleados hasta pequeños profesionales y falsos autónomos que enfrentan la obligación de pagar sus propias cotizaciones. Algunas afirmaciones son ciertas, otras son aproximaciones y algunas son erróneas.
Hasta enero de 2023, los autónomos tenían la libertad de elegir su base de cotización, lo que les permitía decidir cuánto aportar a la Seguridad Social. Sin embargo, el 85% optaba por la opción mínima, un hecho que ha provocado un impacto significativo: las pensiones que reciben los afiliados al Régimen Especial de Seguridad Social (RETA) rondan los 1.000 euros en promedio, casi 700 euros menos que los asalariados. Esto no solo afecta las pensiones, sino también las prestaciones por baja médica y otros beneficios, dejando a los autónomos con un sistema de protección social históricamente insuficiente. Por ejemplo, no cuentan con subsidios por desempleo para mayores de 52 años ni prestaciones por lactancia.
Clara Doblas, ceramista de 35 años, vivió esta situación en primera persona. “Cuando fui madre en 2024, pude cobrar la prestación de maternidad, pero no la de lactancia”, comenta. Antes de abrir su estudio de Clara Ceramics, combinó su trabajo como profesora de arte y su actividad como autónoma. “Lamenté no haber incrementado mi base de cotización al quedarme embarazada”, reconoce. Gracias al nuevo sistema, ahora puede modificar su base de cotización hasta seis veces al año, un cambio que planea aprovechar para mejorar futuras coberturas: “A nadie le emociona pagar más, pero es por un bien mayor”, afirma desde su taller en el barrio madrileño de Prosperidad.
El nuevo modelo de cotización: ¿un cambio necesario?
Desde enero de 2023, los autónomos deben encuadrarse en uno de los 15 tramos de cotización, que varían entre 200 y casi 600 euros mensuales, dependiendo de sus ingresos netos. Para asegurar que las aportaciones reflejen los ingresos reales, se implementó un sistema de regularización que conecta datos entre Hacienda y la Seguridad Social.
F.G., un asesor financiero de 58 años, se encuentra en uno de los tramos más altos. En la primera regularización, le devolvieron parte de su cuota y, aunque no se queja de baja cotización, reconoce que existe un desequilibrio en los tramos más bajos. “Hay que establecer un mínimo, pero los números no cuadran”, explica. Aunque ve el valor en el nuevo modelo, cree que falta educación para que los autónomos comprendan que pagar más puede darles acceso a mejores prestaciones.
Sin embargo, no todos los autónomos están dispuestos a pagar más. A.O.Z., de 51 años, dirige una empresa de organización de eventos en Madrid y lleva 15 años cotizando por su cuenta. La regularización le implicó un incremento de “cerca de cien euros al mes”. Aunque entiende la finalidad del nuevo modelo, prefiere seguir contribuyendo lo mínimo posible y planearse a través de un plan de pensiones privado. Para ella, las nuevas prestaciones, como la de cese de actividad, “no son suficiente”. “Este cambio podría convertir en insostenibles los pequeños negocios”, opina.
La turbulencia reciente en torno a una posible subida de cuotas ha desatado una intensa polémica. Para entender esta situación, es crucial retroceder a 2022, cuando el Gobierno acordó con diversas asociaciones de autónomos un cambio profundo en el modelo de cotización. El objetivo era que, paulatinamente, las aportaciones de los autónomos se asemejaran a las de los trabajadores asalariados, permitiendo así un acceso más equitativo a la protección social para el año 2032.
Según el acuerdo, cada tres años se revisarán los incrementos necesarios. Sin embargo, el 13 de septiembre, en una reunión social, el Ministerio de Seguridad Social propuso aumentar las bases de forma progresiva, con aumentos entre 11 y 206 euros mensuales. Aunque esto fue solo una propuesta inicial, generó un gran rechazo, incluso por parte de la principal asociación de autónomos, ATA.
Ante la crítica, el Gobierno dio marcha atrás. En una entrevista, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sugirió congelar las cuotas de los autónomos con ingresos menores a 1.167 euros durante 2026, ofreciendo incrementos leves para los otros tramos. Sin embargo, esta decisión no satisfizo a sindicatos como CC OO y UGT, que consideran que esto paraliza el nuevo modelo.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, reacciones negativas también provinieron de las asociaciones de autónomos. Eduardo Abad, presidente de UPTA, lamentó la pérdida de una oportunidad para mejorar las pensiones de millones y pidió medidas adicionales, como cuotas superreducidas para creadores de contenido. Lorenzo Amor, presidente de ATA, señaló que aunque se dan pasos hacia adelante, las mejoras son insuficientes. “No firmaré un acuerdo que no incluya acceso automático a la prestación por cese de actividad”, afirmó.
Este intenso debate plantea una cuestión crucial: ¿seguirá adelante el sistema de cotización basado en ingresos reales o se revertirá con un cambio de gobierno? La incertidumbre se mantiene y muchos, como Mario F., un colaborador de prensa de 77 años, reflexionan sobre el pasado. “Tuve que enfrentar el reto de cotizar sin saber si podría generar ingresos suficientes”, recuerda. Su experiencia destaca la necesidad de un sistema más flexible que permita ajustar las cuotas según los ingresos reales, una idea que podría transformar la vida de millones de autónomos en España.
