La reciente comparecencia de Carles Mazón ante la comisión de investigación del Congreso ha reavivado el interés en la gestión de la crisis causada por la Dana que resultó en la trágica pérdida de 232 vidas el 29 de octubre de 2024. Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana, llegó a la sala con una copia de un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que lo exculpa de responsabilidades. Sin embargo, su comparecencia estuvo marcada por un marcado silencio y evasivas ante las preguntas de los diputados.
A solo unos días de la intervención de Mazón, la Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado el mencionado auto para evaluar una querella por falso testimonio presentada por varios diputados socialistas tras su primera aparición en esta misma comisión. En esta ocasión, Mazón no se detuvo a ofrecer detalles y se limitó a argumentar que estaba personado en la causa que tramita el juzgado de Catarroja, sugiriendo que no podía hacer declaraciones públicas al respecto.
Frente al Congreso, un grupo de víctimas de la Dana organizó una concentración para exigir justicia y claridad sobre lo ocurrido. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, subrayó la necesidad de una respuesta honesta, recordando que muchos no han podido «pasar página». A su lado, Mariló Gradoli, presidenta de otra asociación de víctimas, reclamó que se investigue a fondo, enfatizando que no desean más «versiones» ni «mentiras».
La atención sobre las declaraciones de Mazón es comprensible, dado que su relato sobre los eventos del día de la tragedia ha variado en múltiples ocasiones. Durante su primera comparecencia, insistió en que no estuvo ausente y que las acciones realizadas se basaron en la información disponible. Sin embargo, existen discrepancias significativas sobre su paradero y las decisiones tomadas durante las cruciales horas del desastre.
Los informes indican que Mazón llegó al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias, después de haber estado en una comida desde la tarde del día de la tormenta, a pesar de que a esa hora ya se reportaban muertes. A las cinco de la tarde, las líneas de emergencia ya acumulaban miles de llamadas de auxilio, mientras que los miembros del Cecopi aún no estaban plenamente informados sobre la magnitud de la crisis. La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, reveló en entrevistas que recibió instrucciones de no interrumpir a Mazón, quien al parecer restó importancia a la gravedad de la situación hasta avanzado el día.
Un contexto de descoordinación y errores críticos
La falta de una respuesta adecuada por parte de la administración ha sido objeto de críticas intensas. La jueza a cargo del caso en Catarroja ha señalado que la falta de avisos y alertas claras contribuyó a las fatalidades, especialmente entre aquellos que bajaron a sus garajes. En total, un estudio reciente expone que un número significativo de víctimas se encontraba en situaciones vulnerables debido a la falta de información oportuna sobre el riesgo que enfrentaban.
El clima en la sala durante la comparecencia fue tenso; varios diputados reclamaron respuestas directas y condenaron lo que consideraron un comportamiento evasivo por parte del ex presidente. El diputado Gabriel Rufián expresó enérgicamente su indignación al llamarlo “homicida imprudente”, destacando la frustración de los familiares de las víctimas ante la falta de transparencia.
Finalizado el encuentro, las repercusiones de esta tragedia continúan siendo un foco de atención tanto para las víctimas como para la administración, que enfrenta serias preguntas sobre la efectividad de sus protocolos en situaciones de crisis. La historia de lo ocurrido el 29 de octubre ha dejado una marca indeleble en la comunidad, y la demanda por respuestas sigue siendo un tema candente en el ámbito político y social.