La justicia británica ha decidido embargar el usufructo que la compañía pública Aena tiene sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, como parte de una medida cautelar solicitada por el gigante energético NextEra Energy. Este embargo se debe a uno de los 26 laudos pendientes de pago derivados del recorte de las primas de las energías renovables. En este caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi) reconoció una indemnización de 290 millones de euros para compensar las pérdidas de rentabilidad de una inversión de NextEra Energy en dos plantas termosolares en Extremadura, debido a la reforma eléctrica realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Aena informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre este embargo, aunque aclaró que al no ser parte del proceso judicial, la medida cautelar no ha sido notificada directamente a la compañía, sino que ha sido comunicada por los representantes del Reino de España. La empresa tomará las acciones necesarias para determinar las consecuencias de esta medida y defender los intereses de Aena, sus filiales y accionistas.
España no ha cumplido con los laudos que reconocen el derecho de indemnización de los inversores por el recorte de las primas de las renovables, lo que ha llevado a que algunos afectados y fondos de inversión soliciten embargos de bienes y activos españoles en el extranjero en distintas jurisdicciones como Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos.
Otros embargos
El embargo sobre la participación de Aena en Luton se suma a otros embargos dictados por tribunales en el Reino Unido y Bélgica. Por ejemplo, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments logró embargar transferencias de Eurocontrol a Enaire por 32 millones de euros, además de elevar el embargo a 80 millones de euros posteriormente.
En un caso anterior, el mismo fondo activó la cláusula default en emisiones de deuda pública y logró bloquear cuentas del Instituto Cervantes en Londres. Asimismo, la justicia británica ordenó embargar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch y parte de los 850 millones de euros pendientes por el hundimiento del Prestige.
Fuera de Europa, fondos acreedores han buscado embargos en Australia y Estados Unidos, como en el caso de RWE que logró una compensación de 28 millones de euros por el recorte de primas de renovables.
