Meta enfrenta un importante revés judicial que le obligará a desembolsar un total de 942 millones de dólares por su responsabilidad en la protección de menores en sus plataformas, según lo dictaminado por un juez en Nuevo México. Esta decisión surge tras un veredicto en marzo donde un jurado determinó que la compañía no había tomado las medidas adecuadas para salvaguardar a los niños, resultando en una multa inicial de 375 millones de dólares. El juez añadió posteriormente 567 millones más, que serán utilizados para establecer un fondo de mitigación dirigido en su mayor parte a servicios de tratamiento para los menores afectados.
Cambios Obligatorios para Meta
Entre las medidas correctivas que deberá implementar Meta se incluyen el fortalecimiento de la verificación de edad en Nuevo México, así como la restricción de uso de Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años, limitándolos a un total combinado de 90 horas al mes. También se contempla desactivar la mayoría de las notificaciones push durante las noches y las horas escolares, y ocultar los resultados de «me gusta» por defecto, a menos que un padre o tutor lo autorice explícitamente.
El Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, destacó la importancia de este caso como un paso crucial hacia la protección de los niños y la rendición de cuentas de una de las mayores compañías tecnológicas. “Esta decisión refleja la preocupación que tienen muchos padres sobre el impacto de las redes sociales en sus hijos y establece un precedente para otras jurisdicciones que buscan métodos similares de protección”, afirmó Torrez.
A pesar de las instrucciones del juez, Meta ha expresado su desacuerdo con la resolución y ha anunciado su intención de apelar. Un portavoz de la empresa enfatizó que han realizado esfuerzos significativos para garantizar la seguridad en sus plataformas y que defenderán su historial en la protección de adolescentes en línea, rechazando así las acusaciones que consideran engañosas.
Este caso no solo pone de relieve las responsabilidades de las empresas tecnológicas en la protección de usuarios vulnerables, sino que también podría marcar el camino para que otras entidades estatales y nacionales implementen medidas similares ante el creciente dilema del bienestar infantil en entornos digitales.