La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se enfrenta a un periodo de gran turbulencia, marcado por la falta de transparencia en sus informes financieros recientes. A pesar de estar bajo el escrutinio público y judicial, los últimos documentos financieros de la entidad, correspondientes al ejercicio 2025, no hacen referencia a los múltiples casos legales que la afectan, entre ellos, la imputación de sus tres últimos presidentes.
En los informes, que han sido divulgados a través del portal de Transparencia del Gobierno, SEPI centra su atención en eventos ocurridos hasta mediados de junio de 2026. Sin embargo, se omite información crucial como la entrada de la Guardia Civil en sus oficinas en Madrid o las imputaciones de figuras clave como Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda, la actual presidenta.
El organismo, que depende del Ministerio de Hacienda, no menciona los procesos judiciales que están investigando algunos rescates aprobados por su programa FASEE. Esta falta de información también se refleja en el informe de auditoría realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), que no presenta advertencias sobre el estado legal de la entidad.
Implicaciones Judiciales y Políticas
El Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha dictado providencias que convocan a Belén Gualda y otros directivos para que declaren en relación con indicios de criminalidad relacionados con la concesión de ayudas públicas a varias empresas. Entre ellas se encuentran Tubos Reunidos y Forestalia, lo que ha intensificado la preocupación sobre la gestión de fondos públicos por parte de la SEPI.
Además, la situación se complica tras la reciente imputación de otros altos cargos que han estado involucrados en la toma de decisiones sobre las mencionadas ayudas. Sin embargo, el informe de la SEPI, firmado el 26 de junio, ignora estos eventos, lo que resulta inusitado en el contexto de cualquier gran empresa pública.
A principios de junio, la admisión de una querella por parte del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, presentada por el PP y Vox, contra el actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación en relación con la ayuda de 475 millones de euros a Air Europa, también ha sido significativo. Durante los mismos días, la UCO registró las oficinas de Tubos Reunidos, que se benefició de las ayudas, intensificando los interrogantes sobre la legalidad de dichas subvenciones.
La detención de Vicente Fernández en diciembre de 2025 y su acceso a información confidencial sobre los rescates incrementan la urgencia de atención a la situación legal de la SEPI. Asimismo, se encuentra en marcha una investigación sobre la ayuda a Plus Ultra, bajo el denominado «Caso Zapatero», desde finales de 2024, lo que otorga un contexto preocupante sobre las operaciones de la entidad.
Este escenario de incertidumbre en SEPI plantea interrogantes sobre la responsabilidad y la ética en la gestión de recursos públicos, así como la necesidad de una mayor transparencia en la rendición de cuentas de organismos estatales.