El escenario energético en España sigue marcado por tensiones regulatorias, incluso cinco años después de la implementación de medidas para controlar los denominados «beneficios caídos del cielo». Naturgy, una de las grandes energéticas del país, mantiene una provisión de 271 millones de euros debido a desacuerdos persistentes con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta controversia se enmarca en el contexto de la crisis energética exacerbada por el conflicto en Ucrania, que llevó a un aumento drástico en los precios del gas.
La llamada medida para reducir ingresos extraordinarios afecta a las centrales eléctricas que no utilizan gas, como las nucleares y las hidráulicas. Aunque se espera que estas instalaciones se beneficien de precios favorables en el mercado mayorista, la normativa establece que deben ceder parte de esos beneficios extraordinarios a fin de mitigar el impacto de los altos costes del gas.
Naturgy ha señalado que las divergencias no se centran en la existencia del mecanismo mismo, sino en cómo debe calcularse. La legislación ofrece a las empresas la posibilidad de declarar ciertos volúmenes de energía como exentos, siempre que estas cumplan con las estipulaciones de la normativa. Posteriormente, la CNMC tiene la responsabilidad de verificar si esos volúmenes se ajustan a la ley, lo que ha sido el origen de las principales disputas.
Desafíos y modificaciones en la normativa
La situación actual indica que Naturgy considera muy probable un impacto económico significativo como resultado del litigio, pues la provisión para este riesgo permanece sin cambios desde finales de 2025. La evolución del propio marco normativo, que ha sido objeto de modificaciones constantes desde su aprobación, ha contribuido a la confusión y a interpretaciones variadas entre las empresas y el regulador. Esto ha generado un prolongado conflicto administrativo que persiste a pesar de que las circunstancias extraordinarias que llevaron a la creación del mecanismo ya no están presentes.
Además de Naturgy, otra gran eléctrica en la península, Endesa, también se enfrenta a problemas similares en relación con la CNMC. La compañía ha impugnado liquidaciones prácticas, argumentando que no cumplen con la ley vigente. En un primer proceso, relacionado con el periodo de septiembre de 2021 a marzo de 2022, la CNMC dictó inicialmente un pago a favor de la empresa, que fue posteriormente corregido, reduciendo el monto del litigio. Endesa está actualmente en medio de un segundo proceso que cubre de abril de 2022 a diciembre de 2023, y ya ha presentado sus alegaciones.
La complejidad de la normativa y sus continuas modificaciones han llevado a una falta de claridad normativa que complica aún más la resolución de estos conflictos, dejando a las empresas en un estado de incertidumbre. Este caso resalta las dificultades a las que se enfrentan las grandes eléctricas ante un marco regulatorio en constante cambio, que continúa generando repercusiones tanto contables como operativas.