El sector eléctrico español se enfrenta a un impacto significativo tras el apagón del 28 de abril de 2025, evento que activó un proceso de reposición que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado en 38,7 millones de euros. Esta cifra será redistribuida en las facturas eléctricas durante un año, buscando mitigar el efecto del costo entre todos los consumidores.
La suspensión de las actividades del mercado, ocurrida a las 12:33 horas, obligó a la CNMC a establecer los criterios de liquidación correspondientes a los días siguientes. De los 38,7 millones de euros, 33,1 millones se destinan a cubrir el costo directo de generación, principalmente de ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas. Adicionalmente, se asignan 5,6 millones a los intercambios internacionales de apoyo eléctrico con Francia, que no se cubrieron mediante rentas de congestión.
La CNMC se ha opuesto a cargar el costo de la reposición exclusivamente sobre la demanda del día del apagón, optando en su lugar por una repartición equitativa en el consumo futuro a lo largo de 12 meses. Esto busca evitar un impacto excesivo en la factura de los consumidores en un periodo determinado.
Liquidación pendiente y repercusiones en la factura
Tras descontar los 9,1 millones de euros que ya fueron liquidados de manera preliminar, el saldo neto pendiente de liquidación asciende a 29,6 millones de euros. Con una demanda eléctrica anual estimada en 241.595 gigavatios hora (GWh), se prevé que la carga adicional por el costo de reposición será de aproximadamente 0,12 euros por megavatio hora (MWh), equivalente a 0,16 euros/MWh considerando el costo total bruto.
El calendario de liquidación se iniciará a más tardar en los primeros días del mes siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siendo esencial que Red Eléctrica de España (REE) comparta el costo mensual y un calendario detallado con al menos dos meses de antelación.
La metodología de cálculo aprobada incluye una serie de retribuciones según los costes objetivos de producción, tomando en cuenta el precio del gas y otros elementos como los derechos de emisión de CO2 y los costes de operación y mantenimiento. Así, la retribución para los ciclos combinados de gas se ha fijado en 120,50 euros/MWh por la generación que superó su plan inicial, acumulando un coste total estimado de 26 millones de euros.
Controversias y financiación
La decisión de la CNMC ha generado controversia, pues diversas entidades solicitaban que este coste extraordinario fuera asumido por los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el regulador argumenta que no tiene competencias para canalizar dicha financiación y que la única alternativa viable es trasladar el costo a la demanda como componente del precio de la energía.
Las críticas de algunos grupos de consumidores, que consideran la medida como abusiva, han sido desestimadas por la CNMC; esta argumenta que no se trata de indemnizaciones, sino del pago por la energía efectivamente producida en una situación de emergencia, lo que enfatiza la naturaleza objetiva del proceso de reposición en el que se encuentran sumidos los consumidores. Este incidente resalta la complejidad de la gestión del sistema eléctrico en momentos de crisis y las implicaciones que tienen para los consumidores finales.