El Gobierno extenderá a lo largo de un año más las medidas singulares para resguardar a familias frágiles de un desahucio. Así, en lo que se refiere a residencia, parte del llamado escudo social que se configuró a lo largo de la pandemia va a estar actual cuando menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Se daba por sentado que, al tratarse de resoluciones que no tienen un costo para las arcas del Estado, ciertas de estas ideas se extenderían. Y este martes ha sido Bildu, asociado parlamentario del Ejecutivo, quien ha anunciado un pacto para hacerlo. En exactamente el mismo se incluyen la prohibición de cortes de suministros a hogares con contrariedades económicas y la tarifa singular de gas para calderas comunitarias, si bien en el comunicado emitido por los nacionalistas vascos no queda claro si asimismo se ampliarán un año.
“EH Bildu había solicitado al Gobierno que se incluyese esta medida, y tras la negociación y el acuerdo alcanzado, será incluido en el decreto”, apunta la capacitación abertzale en alusión las medidas antidesahucio. Estas llevan actuales, con ligeras modificaciones, desde la pandemia y esencialmente complican los procedimientos de expulsión en el momento en que una familia que no puede abonar el alquiler o la hipoteca acredita que está en situación de vulnerabilidad y no tiene otra casa donde irse a vivir. Los supuestos protegen ciertos casos de ocupaciones irregulares y supuestos penales (judicialmente, un desahucio se puede procurar por vía civil o por la penal) si bien solo cuando hay menores en el hogar, personas dependientes o una situación de violencia sexista.
La última vez que se prorrogaron estas medidas fue en el mes de junio, cuando se decidió extenderlas por 6 meses, hasta terminar este dos mil veintitres. Entonces el Ejecutivo lo justificó por el hecho de que la ley de residencia aprobada en el mes de mayo, que cambió permanentemente los procedimientos de desahucio siguiendo exactamente el mismo espíritu, aún no había tenido tiempo de desplegar sus efectos. Pero la regla era un tanto menos ambiciosa y el hecho de que los asociados del Gobierno hayan insistido en esta prórroga muestra que para muchos la ley se quedó corta en determinados aspectos. Y es con ese contexto de fuerte inflación e inseguridad económica derivada de la guerra de Ucrania (a lo que se ha añadido el enfrentamiento en Oriente Próximo) por lo que el Ejecutivo justifica la resolución de sostener actuales todas y cada una de las protecciones que ya existían.
No es la primera vez que Bildu anuncia un pacto sobre residencia. Hace algo más de un año ya se anotó el tanto de la prórroga del encuentre del dos% para las actualizaciones del alquiler. Luego esta medida fue recogida del mismo modo en la ley de residencia, que fija para dos mil veinticuatro que ese máximo (que se aplica solo a contratos en vigor que deben volver a calcular la renta mensual) va a ser del tres%. Por lo tanto, ya no es preciso incluirla en el decreto que aprobará el último Consejo de Ministros del año, si bien los nacionalistas sí han aprovechado para reivindicar ese logro en su comunicado de este martes.
Menos claro estaba qué sucedería con la tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Esta se aprobó al dispararse los costos energéticos, y con esto los gastos de las calderas comunitarias, por lo que los administradores de fincas habían pedido repetidamente su extensión. De pacto con el anuncio de Bildu, el Gobierno va a dar ese paso asimismo el miércoles. Y se incluirá del mismo modo la prohibición de corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a hogares frágiles, otra medida que se puso en marcha a lo largo de la pandemia de covid-diecinueve y que desde ese momento se ha ido prorrogando. Sin embargo, sobre las dos ideas no queda claro cuál va a ser el plazo de extensión y el Ejecutivo ha declinado hacer comentarios a este respecto hasta el momento en que el decreto quede ratificado este miércoles.
