La compra reciente de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ha generado un fuerte debate en la opinión pública y en el ámbito político. El inmueble, que posee una superficie de 485 metros cuadrados, servirá temporalmente como oficina para la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyas obras comenzarán en agosto. Ayuso ha defendido la adquisición, aclarando que no se trata de su residencia y que, en estos momentos de crisis por los incendios en la región, su prioridad es el manejo de la emergencia.
La presidenta madrileña se ha manifestado como víctima de lo que considera una campaña de desprestigio, alegando que la compra del ático no es un capricho personal, sino una medida lógica dada la situación. “Es un lugar donde temporalmente hacer reuniones”, ha expresado ante los medios en las instalaciones del gobierno. La compra, que se realizó en abril, solo se hizo pública tras una consulta periodística, lo que ha suscitado críticas sobre la transparencia del proceso.
La propiedad fue adquirida por la empresa Planifica Madrid, responsable de la gestión de suelo público y oficinas del gobierno regional, por un valor estimado en torno a seis millones de euros. Sin embargo, esta adquisición no estaba contemplada en el presupuesto oficial del año, lo que ha llevado a cuestionar la planificación financiera de la administración madrileña.
Reacciones políticas y legales
Los grupos opositores, Más Madrid y PSOE, han reaccionado rápidamente, desafiando la legalidad del uso del ático como oficina. Ambos partidos sostienen que las ordenanzas urbanísticas en la zona no permiten establecer oficinas en edificios que superen la primera planta. Eduardo Rubiño, de Más Madrid, calificó la compra como un «capricho» de Ayuso. Por su parte, Antonio Giraldo del PSOE subrayó que el Plan General de Madrid impide estrictamente ese tipo de uso en el ático adquirido.
Fuentes cercanas al entorno de la presidenta han señalado que la decisión sobre el uso del ático no es definitiva y que se llevarán a cabo reformas antes de establecer su uso final, programando una evaluación para octubre o noviembre. Asimismo, se ha hecho un llamado a la prudencia respecto a su utilización como espacio de trabajo institucional, dado que podría no ajustarse a las normativas vigentes.