Más de una década después de su paralización, el proyecto Castor sigue afectando las cuentas del sistema energético en España. La deuda del Estado con Enagás, que asciende a casi 330 millones de euros, refleja los costos relacionados con la operación, mantenimiento, sellado y desmantelamiento de la polémica planta de gas situada frente a las costas de Vinaròs, Castellón.
Inicialmente concebido por el grupo ACS, dirigido por Florentino Pérez, el almacenamiento subterráneo de gas fue diseñado para mejorar la seguridad de suministro del país. Sin embargo, la realidad se tornó en un escenario de incerteza y gastos acumulativos que aumentan con el tiempo.
El monto a corto plazo de la deuda está relacionado con una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó el derecho de Enagás a cobrar los costes de conservación del yacimiento, lo que puso fin a la incertidumbre jurídica tras la anulación de un mecanismo de retribución en 2017. Este mecanismo, preestablecido por el Gobierno de Mariano Rajoy, buscaba cargar el costo de la hibernación de la planta sobre las tarifas del gas.
Complicaciones Financieras y Técnicas
En su último informe financiero semestral, Enagás detalla que la deuda se presenta en dos bloques: uno a corto plazo por 129,3 millones de euros, correspondiente a las tareas de operación y mantenimiento de la infraestructura; y otro a largo plazo por 200,018 millones de euros, vinculado al proceso de sellado de los pozos y los intereses correspondientes.
Este complejo proceso de sellado y desmantelamiento, que debe cumplir con estrictas normativas ambientales, sigue su curso bajo la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Enagás ha estado cerrando progresivamente los pozos y desmontando el equipo para asegurar un abandono seguro del área, que no genere impactos ambientales negativos.
El Legado del Proyecto Castor
El proyecto Castor se ha convertido en un ejemplo emblemático de los riesgos asociados a grandes infraestructuras en el sector energético español. Diseñado para optimizar un antiguo yacimiento petrolífero, la inyección de gas en septiembre de 2013 llevó a una serie de microterremotos en las costas del norte de Castellón y el sur de Tarragona.
Ante los graves efectos, que fueron respaldados por estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del MIT, el Gobierno se vio obligado a cancelar el proyecto. La renuncia a la concesión por parte de la empresa Escal UGS resultó en una indemnización estatal de 1.350,7 millones de euros en 2014, al mismo tiempo que se establecía un marco regulatorio de urgencia que obligaba a Enagás a manejar el mantenimiento del sitio para prevenir riesgos ambientales.
No obstante, una decisión del Tribunal Constitucional en 2017 dejó a Enagás en una situación financiera complicada, ya que las retribuciones que le correspondían quedaban en un vacío regulatorio. Aunque la compañía continuó sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la zona, la falta de pagos por parte del sistema gasista resultó en una prolongada disputa legal para recuperar los montos adeudados.
Reestructuración y Nuevos Proyectos
El impacto económico del expediente Castor marca el camino de Enagás en un año en que la compañía se encuentra reordenando sus activos estratégicos. Durante la primera mitad de 2026, Enagás reportó un beneficio neto de 127 millones de euros, además de compromisos de inversión que superan los 760 millones, incluyendo la adquisición del 31,5% del operador francés Teréga por 573 millones de euros.
Además, la empresa ha confirmado la compra de un 20% de Saggas a Osaka Gas por 31 millones de euros, aumentando su participación en la planta de regasificación de Sagunto al 92,5%. En paralelo, Enagás avanza en su estrategia de hidrógeno verde, solicitando autorizaciones para la Red Troncal Española y el corredor transfronterizo H2med.
La resolución de la deuda vinculada al proyecto Castor se perfila como un factor clave para mejorar la liquidez de la compañía y cerrar un capítulo complicado en la historia del sector energético español.