La sede de Uber Eats en Barcelona se ha convertido en el foco de la Inspección de Trabajo, que investiga el modelo de contratación de sus repartidores, conocidos como ‘riders’. Este examen exhaustivo busca garantizar que la firma cumpla con las normativas laborales vigentes en España.
A principios de este año, un equipo de inspectores se desplazó a la capital catalana para recoger documentos en las instalaciones de Uber Eats, como informan fuentes cercanas a la investigación a Europa Press. Este material ya ha sido enviado a Madrid para un análisis más detallado, llevado a cabo por una unidad especializada en este tipo de casos.
La finalidad de esta investigación es asegurar que los repartidores sitúan en su correcta categoría laboral como asalariados, de acuerdo con la legislación vigente. Recordemos que en 2021 se aprobó la conocida ‘Ley Rider’, fruto de un acuerdo entre empresas y sindicatos, con el propósito de regular la situación de los trabajadores que distribuyen productos a través de plataformas digitales.
Reacciones del Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó con firmeza su postura en relación a la situación de Uber Eats: «No permitiremos que esta empresa se burle del Gobierno de España; caerá todo el peso de la ley sobre ella en caso de incumplimientos».
Díaz también recordó que la Inspección ya había actuado previamente a la implementación de la norma, obteniendo resultados significativos en varios tribunales de justicia laboral. “Se han dado numerosas resoluciones que argumentan la existencia de falsos autónomos”, añadió.
Además, la ministra defendió la reciente reforma del Código Penal, que incorpora un artículo que combate el uso indebido de falsos autónomos en plataformas de entrega. Su objetivo es erradicar lo que califica como una grave deficiencia en el sistema laboral.
En un contexto donde el modelo de trabajo en plataformas digitales continúa evolucionando, la situación de los ‘riders’ sigue generando un intenso debate. La vigilancia de la Inspección de Trabajo es un paso crucial para asegurar que los derechos de estos trabajadores se respeten y se ajusten a la legalidad.
