La UE examina el veto de Cataluña a los alquileres turísticos

La UE examina el veto de Cataluña a los alquileres turísticos

La normativa que regula las licencias turísticas en Barcelona ha cruzado fronteras y llega hasta Bruselas. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de preinfracción contra España, centrándose en el decreto que permite al Ayuntamiento de Barcelona retirar todas las licencias de alquiler turístico para finales de 2028. Esta decisión genera un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación del turismo residencial en la ciudad.

El procedimiento de preinfracción es un mecanismo que la Comisión utiliza para averiguar si se han vulnerado normas de derecho europeo o si un estado ha hecho una transposición incorrecta de una directiva comunitaria. Aunque no se han difundido cifras precisas sobre los casos que se están tramitando, se ha confirmado que esta situación se suma a la revisión de normativas similares en Baleares, Canarias y Toledo.

Este paso se sitúa antes de un potencial expediente sancionador, buscando una resolución ágil que evite un litigio prolongado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, este tribunal tiene la potestad de imponer sanciones si considera que se han producido vulneraciones. En el caso de Barcelona, el límite de tiempo para eliminar las licencias turístico se establece para el 9 de noviembre de 2028, exactamente cinco años después de la aprobación del decreto catalán.

El contexto judicial y sus implicaciones

El asunto ha adquirido relevancia por la intervención de la European Holiday Home Association (EHHA), que ha argumentado que la normativa catalana infringiría derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa. En este sentido, la EHHA destaca que la reciente sentencia del TJUE sobre la regulación de los alquileres en Bruselas refuerza su postura, subrayando la necesidad de que cualquier restricción en este sector esté justificada y sea proporcional.

Asimismo, la Comisión Europea trabaja actualmente en un borrador de reglamento acerca de la Ley de Vivienda Asequible, que también aborda la regulación de arrendamientos a corto plazo. Localidades como Ámsterdam, París y Nueva York han optado por endurecer sus normativas en este ámbito, reflejando la tendencia global hacia un control más estricto del alquiler turístico.

La política catalana, impulsada en la legislatura anterior bajo la presidencia de Pere Aragonès, busca dar solución a los problemas de acceso a la vivienda en 261 municipios. Según la normativa, aquellos con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes pueden enfrentar restricciones, con un límite máximo de diez licencias. Este enfoque ha llevado a un incremento significativo en la regulación del sector, que ha visto un auge en el número de licencias a partir de sentencias judiciales.

Reacciones del sector y previsiones de mercado

Las proyecciones sobre el impacto de esta normativa son variadas. Consultores del sector inmobiliario han expresado sus reservas sobre la efectividad de la eliminación de licencias como medio para potenciar el alquiler tradicional. Según el Informe de Actualidad y Perspectivas del sector inmobiliario 2026, presentado en Barcelona, muchos propietarios optarían por la venta de sus propiedades en lugar de cumplir con las estrictas regulaciones de arrendamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona, en su afán por reorientar el uso de viviendas hacia el alquiler convencional, ha planteado un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a estas propiedades, con incrementos que oscilarían entre el 50% y el 150%, dependiendo del número de licencias que posea un propietario.

Mientras tanto, varias ciudades catalanas como L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu y Sant Adrià de Besòs se han sumado a la tendencia prohibicionista, apoyando la iniciativa del consistorio barcelonés en un momento decisivo para el futuro del turismo y el sector inmobiliario en la región.