La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo importante en el marco del denominado caso Koldo. Este desarrollo ha resultado en seis detenciones y se ha centrado en la investigación de presuntas irregularidades durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Las acciones de la UCO incluyen registros en varias ciudades, como Valencia, Madrid, Sevilla y Córdoba, con la vivienda del exministro como un punto clave de la operación.
En Valencia, los agentes confiscaron material relevante y tomaron declaración a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, quien optó por no declarar. Este operativo se enmarca en un nuevo capítulo bajo la supervisión del juez Ismael Moreno, quien ha abierto una octava pieza en la investigación tras recibir informes sobre nuevos posibles amaños de contratos públicos relacionados con la gestión de Ábalos.
No es la primera vez que la UCO interviene en el domicilio de Ábalos, quien ya se encuentra cumpliendo una condena de 24 años de prisión por delitos graves, incluidos cohecho y malversación. En un registro previo, se obtuvieron evidencias digitales vitales para el avance del caso.
Los Hermanos Corvillo en el Punto de Mira
Otro aspecto interno de la operación involucra a los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, ambos vinculados al PSOE y detenidos durante el operativo. Cristian Corvillo había sido candidato a la alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo en 2015, aunque no llegó a ejercer dicho cargo. Su hermano Rubén había encabezado la lista del partido en otro municipio en 2019.
Investigaciones de la UCO indican que Rubén Corvillo mantenía relaciones empresariales sospechosas con Víctor de Aldama, sugiriendo vínculos para ocultar beneficios significativos derivados de contratos públicos. Además, se ha señalado que Cristian Corvillo fue intermediario en la compra de propiedades que podrían estar relacionadas con pagos a Ábalos a cambio de favores en su función ministerial.
Recientemente, Cristian Corvillo testificó ante el juez en un caso separado, donde admitió haber tenido interacciones con Ábalos y negó que estas tuvieran una naturaleza ilícita. Este escenario revela la complejidad de las relaciones dentro del caso y su posible impacto en la política local y nacional.
La investigación sigue activo, y la Guardia Civil continúa recopilando pruebas mientras la Audiencia Nacional mantiene su escrutinio sobre el entramado de relaciones y acuerdos que han llevado a la apertura de estas causas judiciales.
