Un grupo de veinticinco campesinos del pueblo originario de los tallán, localizado en San Juan Bautista de Catacaos, emprendió un viaje de tres horas hacia Chiclayo, en un esfuerzo por hacer escuchar su historia por el Papa. Originarios de una comunidad que cuenta con 30,000 habitantes, buscan que Francisco preste atención a la situación de despojo de sus tierras, un proceso vinculado a entidades económicas del extinto Sodalicio, una secta católica cuyo impacto ha marcado profundamente esta región del Perú.
Luis Inga, un comunero de 42 años, narró que el desalojo comenzó en diciembre de 2011 cuando grupos armados, compuestos por unas 200 personas, arribaron a sus tierras. Con el pretexto de haber comprado terrenos comunales, estas empresas, asociadas a la Iglesia católica, comenzaron a cercar los campos donde la comunidad ha vivido desde el Virreinato. Inga enfatiza que sus tierras son parte de su identidad cultural, y el despojo representa un ataque directo a su forma de vida.
La historia de los comuneros es una de resistencia frente a un contexto de abuso sistemático. Paula Sandoval, otra de las campesinas afectadas, indicó que sus hijos nacieron en esas tierras y que es de allí de donde obtienen su sustento diario. “Ahora quieren echarnos”, lamentó, reivindicando su derecho a la tierra como su “fuente de vida”.
El legado de un escándalo
El Sodalicio ha sido señalado como parte de un gran escándalo que ha sacudido a la Iglesia católica en Perú. Las acusaciones incluyen abusos sexuales y físicos, así como la manipulación espiritual. A más de 250 víctimas se les han brindado canales de denuncia a través de la Oficina de Escucha del Vaticano, establecida para abordar estos casos. Durante su visita a Perú, el Papa se ha reunido con algunas de estas víctimas, escuchando sus historias y buscando ofrecer un camino hacia la reconciliación.
A pesar de que el Sodalicio ha sido disuelto formalmente, muchas víctimas, incluidos los comuneros de Catacaos, continúan enfrentando la sombra de sus prácticas. Las empresas que se establecieron en sus tierras han seguido operando, y se denuncia que estos grupos mantienen una influencia significativa en distintos sectores, perpetuando una impunidad que ha dejado a muchos sin justicia.
En este contexto, los comuneros han sido objeto de un agresivo hostigamiento legal. Tania Pairona, presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, señaló que los campesinos han enfrentado múltiples denuncias, desde robo hasta acusaciones de terrorismo, lo que ha complicado su acceso a la justicia. “Hemos sido criminalizados”, sostuvo Inga, subrayando la desesperante situación judicial a la que se enfrentan, obligados a pagar abogados para defender su derecho a la tierra.
Demandas de justicia y reparación
Al grito de justicia, los comuneros, junto a otros afectados, han enfatizado la importancia de una real reparación y la necesidad de que las autoridades escuchen su clamor. “La Iglesia tiene la oportunidad de demostrar que la disolución del Sodalicio debe conllevar a un cambio auténtico, no meramente administrativo”, expresó Fiorela Martínez, quien busca justicia por el asesinato de su esposo, un caso que sigue impune.
El Vaticano ha contactado a las autoridades peruanas para investigar a las entidades relacionadas con el Sodalicio, incluyendo la Asociación Civil San Juan Bautista, pero los avances en las investigaciones han sido escasos. Las empresas involucradas continúan operando en la zona, generando un ambiente de incertidumbre y miedo entre los comuneros, quienes denuncian que incluso han sido víctimas de ataques a su ganado.
La lucha de estos campesinos refleja un complejo entramado de injusticias que no sólo afecta su forma de vida, sino que también señala las falencias de un sistema que, en repetidas ocasiones, les ha dado la espalda. La esperanza de que el Papa escuche su historia se convierte, entonces, en un símbolo de la búsqueda de justicia no solo para ellos, sino para todos aquellos que han sido atrapados en este entramado de abusos y despojo. Su historia es un claro recordatorio de las luchas contemporáneas por derechos y dignidad en un mundo donde el poder aún manda sobre la justicia.