La Asociación de Bancos Comunitarios de EE. UU. (ICBA) ha emprendido acciones legales contra la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC) por presuntas irregularidades en la concesión de licencias a entidades de criptomonedas para operar como bancos fiduciarios nacionales. La demanda, que se está tramitando en el tribunal federal de distrito de Washington D.C., sostiene que la OCC ha sobrepasado sus límites legales al permitir que empresas del sector cripto accedan a licencias bancarias, lo cual, según la ICBA, podría poner en riesgo la protección federal que los consumidores esperan de las instituciones financieras autorizadas.
El conflicto surge en un contexto donde la mayoría de los bancos que forman parte de la ICBA tienen menos de 10.000 millones de dólares en activos. En su exigencia, la asociación busca anular una normativa de la OCC, así como su carta interpretativa 1176, que respaldó la concesión de licencias a empresas como Protego Holdings. Rebeca Romero Rainey, presidenta y CEO de la ICBA, enfatizó que “los activos digitales en manos de empresas cripto que han recibido licencias fiduciarias nacionales no cuentan con las garantías adecuadas para los consumidores”.
Implicaciones de la Normativa de la OCC
La regla en cuestión fue publicada el 2 de marzo de 2026 y entró en vigor un mes después. Modifica el marco regulatorio existente, reinterpretando la definición de «actividades fiduciarias» y permitiendo una expansión en la concesión de licencias. La OCC ha declarado que esta modificación no altera su autoridad, pero la ICBA sostiene que la enmienda de 1978 limita el ámbito de operación de los bancos nacionales a ser únicamente fiduciarios, lo que podría crear un “enorme vacío” en la regulación financiera.
Un elemento crítico de la demanda es la falta de seguros para los depósitos de los clientes en las entidades fiduciarias que no aceptan depósitos. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha indicado que su cobertura no se aplica a activos digitales, lo que puede dejar a los consumidores en una situación de vulnerabilidad. Más de 13 licencias han sido otorgadas a empresas cripto desde la administración de Trump, lo que añade más presión sobre el marco regulatorio actual.
El caso de Protego y otros actores en el sector
La compañía Protego, mencionada en la demanda, tiene la intención de operar en varias áreas, incluyendo la custodia de criptomonedas y trading. Sin embargo, su aprobación es preliminar y está sujeta a condiciones como mantener un capital mínimo y reservas operativas. La ICBA ha expresado preocupaciones sobre la estructura de gobernanza y la supervisión de Protego, sugiriendo que la OCC ha pasado por alto advertencias sobre riesgos operativos significativos.
Hasta ahora, se han otorgado 21 licencias de banco fiduciario nacional, de las cuales por lo menos 13 pertenecen a empresas de criptomonedas. Ripple, otro jugador importante en el sector, ha recibido recientemente aprobación para establecer un banco fiduciario que manejará la reserva de su stablecoin. La situación sigue evolucionando mientras el tribunal evalúa las implicaciones legales de las acciones de la OCC y su relación con la normativa vigente de 1978.
La ICBA sigue en su empeño de garantizar que las entidades que operan en el campo de las criptomonedas sean sometidas al mismo nivel de escrutinio y protección que los bancos tradicionales, defendiendo así los intereses de los consumidores y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.