El expríncipe Andrés de Inglaterra se encuentra en el epicentro de una controversia que sacude a la monarquía británica. El 19 de febrero de 2026, la policía realizó registros en dos de sus residencias: el Royal Lodge en Windsor y la propiedad de Sandringham, donde ha estado viviendo. Esta acción responde a una investigación por su supuesta conducta inapropiada entre 2001 y 2011, periodo en el que actuó como representante comercial del Reino Unido.
Ocho meses después de los registros, Andrés Mountbatten-Windsor presentó una denuncia alegando que dichas visitas fueron ilegales. Según su declaración, las autoridades se llevaron objetos personales ajenos a la investigación, mientras él se encontraba bajo arresto en una comisaría cercana. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales confirmó la ilegalidad de los registros, ordenando su anulación. Sin embargo, a pesar de este fallo, la investigación sigue su curso.
Preocupaciones de la Policía
Documentos judiciales revelan que la policía temía que Andrés pudiera destruir pruebas o bloquear el acceso a sus propiedades. Se menciona que existía una «ambigüedad legal» sobre su estatus, lo que complicó la autorización de los registros. Los agentes creían que el rey Carlos III, propietario de las residencias, proporcionaría acceso a las mismas, pero también consideraban que Andrés podría intentar justificar que los permisos eran necesarios dado su vínculo con el rey.
Las órdenes de registro fueron solicitadas por agentes que investigan las conexiones del expríncipe con el fallecido Jeffrey Epstein, motivados por el temor de que cualquier evidencia pudiera ser destruida. No obstante, el Tribunal calificó las solicitudes de registro como incorrectas, lo que llevó a la policía de Thames Valley a buscar nuevos mecanismos legales para mantener bajo su custodia la evidencia incautada.
Las Reacciones desde el Palacio
Un portavoz de Buckingham Palace había expresado, días antes de la detención, su disposición para colaborar con la investigación, reafirmando que la ley debía seguir su curso de manera adecuada. Tras la detención, Carlos III insistió en que el proceso debía ser justo y que contaba con el apoyo total de la Corona.
Las órdenes de registro autorizaban a la policía a incautar documentos relevantes y dispositivos electrónicos utilizados durante el tiempo que Andrés desempeñó su rol comercial. Como ejemplo, él denunció la incautación de un iPhone 17, una versión lanzada en septiembre de 2025, mucho después del fallecimiento de Epstein en 2019.
Acusaciones y Negaciones
Andrés ha sido señalado por reenviar informes oficiales sobre viajes a Asia a Epstein y por informar sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Aunque él ha rechazado todas las acusaciones, incluyendo las de abuso sexual, documentos policiales indican que es «sospechoso de varios delitos graves» y que ha mostrado reticencia a colaborar con anteriores investigaciones vinculadas a Epstein. Actualmente, no enfrenta cargos formales, pero su situación continúa siendo delicada y bajo vigilancia.