Un reciente fallo de la Corte Suprema de Argentina ha reavivado un intenso debate sobre la propiedad de tierras que podría tener repercusiones significativas para el gobierno de Javier Milei. La máxima instancia judicial ha eliminado las restricciones que limitaban la compra de tierras rurales por parte de particulares y empresas extranjeras, un movimiento que había sido previamente rechazado en el Congreso.
La decisión de la Corte ha sido recibida con un fuerte rechazo tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. La oposición en la Cámara de Diputados ha convocado una sesión especial para el 15 de octubre, con el objetivo de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, inicialmente impuesto por Milei poco después de asumir la presidencia. Este decreto, que incluye 300 reformas, fue la base de una amplia agenda de desregulación estatal, incluidas la derogación de la Ley de Tierras, privatizaciones y modificaciones a contratos de alquiler, así como la eliminación de regulaciones que salvaguardaban el abastecimiento interno de alimentos.
A pesar de que el Senado rechazó el megadecreto en 2024, no se había tratado aún en la Cámara baja. La sesión especial no solo abordará el DNU, sino también otras iniciativas que preocupan al oficialismo, como la prórroga de la emergencia en discapacidad. Esto podría facilitar la obtención del quórum necesario para la sesión.
El contexto para esta movilización política es tenso. Coincidiendo con la convocatoria de la sesión, se han planeado manifestaciones en contra del DNU. Además, se espera una marcha en defensa del presupuesto universitario, lo que podría incrementar la participación ciudadana en las protestas.
Antes de la derogación por parte del DNU 70, la Ley de Tierras, vigente desde 2011, permitía que solo el 15% de las tierras rurales estuvieran en manos extranjeras. Esta regulación incluía restricciones adicionales basadas en la nacionalidad de los compradores. Sin embargo, el decreto de Milei eliminó esas limitaciones a través de su artículo 154, un movimiento que estuvo paralizado durante dos años mientras se dirimía en los tribunales.
Los intentos del gobierno por avanzar en esta agenda legislativa han fracasado; tras el rechazo de un primer intento de eliminar cualquier límite a la venta de tierras, se propuso un enfoque más moderado que incrementaba el límite permitido del 15% al 25%, pero también encontró resistencia. Las protestas enérgicas, bajo el lema “la patria no se vende”, reflejan un fervor nacionalista que se intensificó tras el reciente contexto mundial que unió a los argentinos en torno a la cuestión de las Malvinas.
La reciente decisión del tribunal, revocando un fallo de una instancia inferior que había suspendido el artículo 154 del DNU, ha obligado a la Corte a emitir un comunicado explicando su resolución, dejando claro que la misma no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto, sino que se basa en cuestiones procesales. Sin embargo, este pronunciamiento ha precipitado al gobierno de Milei de nuevo al centro del debate político, dejándolo en una posición delicada de la que deberá encontrar la manera de salir sin daños adicionales.