La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar la devastadora dana que dejó 233 muertos en Valencia, ha denunciado presiones y grabaciones ilegales en su juzgado. Esta situación se remonta a la fase inicial de las indagaciones tras la riada del 29 de octubre de 2024, específicamente cuando asumió la causa un mes después de la tragedia. Ruiz Tobarra ha expresado que estas acciones ponen en peligro su independencia judicial.
En un informe enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada identificó al abogado y youtuber Rubén Gisbert como un actor clave en una supuesta estrategia para desacreditar su labor. Gisbert, quien representa a varias víctimas de la inundación, habría colaborado con el sindicato Manos Limpias, así como con las defensas de dos exalcaldes investigados: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, su segundo en el momento de la inundación.
Ruiz Tobarra defendió su posición frente a acusaciones de irregularidades en la instrucción, que implicaban también a su esposo, el magistrado Jorge Martínez Ribera. A pesar de ello, el CGPJ archivó la queja presentada en septiembre, aclarando que Martínez Ribera no estuvo involucrado en la toma de declaraciones a testigos.
La jueza no escatimó en criticar a Gisbert, exponiendo que este ha cuestionado su salud mental y la ha calificado de corrupta. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó una querella de Gisbert contra ella y su marido por supuestas interferencias, señalando que carecía de fundamentos sólidos.
En su alegato, Ruiz Tobarra también mencionó haber sido grabada ilegalmente en la sala de vistas mediante la plataforma Webex, lo que reveló una filtración de imágenes que documentaron denuncias por prevaricación—un delito que implica tomar decisiones injustas a sabiendas—contra ella. Este material fue desestimado, ya que se apoyaba en recortes de prensa.
La magistrada afirmó que una parte de la estrategia en su contra involucraba indagar en su vida personal con el fin de debilitar su credibilidad profesional. La jueza, que no ocultó su orgullo por ser una “jueza de pueblo”, también defendió la actuación de su marido durante la investigación. Ruiz Tobarra subrayó que su esposo tuvo contacto con algunas víctimas, aclarando que su asistencia no fue ilegal ni inapropiada.
La controversia se agrava con la aparición de José María Bueno Manzanares, abogado del exdirector de Emergencias de la Generalitat, Antonio Argüeso. Ruiz Tobarra aseguró que este abogado desempeñó un papel en la defensa del ex presidente Carlos Mazón, sugiriendo que su implicación respondía a un intento de desestabilizar la investigación.