La situación financiera del grupo Aestes, propietario de las clínicas dentales Vivanta, ha suscitado un intenso debate legal y financiero que podría afectar significativamente su futuro. La juez Ana María Gallego Sánchez, responsable del concurso de acreedores de la compañía, ha solicitado un dictamen a la Comisión Europea sobre la venta de Vivanta al fondo canadiense OTPP, un movimiento que ha encontrado la oposición de la Abogacía del Estado.
La venta de Vivanta, actualmente bajo la propiedad del fondo estadounidense Ares Management, al fondo OTPP se encuentra en un estado incierto. Esta operación, que busca evitar cierres de clínicas y la pérdida de clientes, podría verse afectada negativamente por la solicitud de la juez a la Comisión Europea, lo que añade una capa de complejidad al proceso de refinanciación y traspaso de empresas rescatadas por la Sepi.
El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse), creado por la Sepi para ayudar a las empresas afectadas por la crisis del Covid, ya aprobó una ayuda pública temporal de 40 millones de euros para Aestes y su grupo el 17 de junio de 2022. Sin embargo, el 3 de septiembre, Aestes fue declarado en concurso de acreedores, registrando un pasivo de cerca de 100 millones de euros frente a un activo de solo 4 millones.
El Contenido del Conflicto
La oferta presentada por OTPP excluye los préstamos de la Sepi y los créditos al consumo solicitados por los pacientes para cubrir sus tratamientos. Mientras tanto, la Abogacía del Estado ha instado al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid a denegar la venta de Vivanta a OTPP, destacando que la operación podría contradecir el derecho comunitario si no se considera que los activos en cuestión incluyen ayudas de Estado.
La Abogacía también argumenta que la decisión de la Comisión Europea, adoptada en julio de 2020, establece un marco vinculante para el Estado español en el que los recursos del Fasse son considerados públicos, sugiriendo que la oferta de OTPP podría causar una distorsión competitiva en el mercado.
En defensa de su propuesta, OTPP sostiene que su oferta es la única alternativa viable que podría maximizar el valor del concurso y proteger los intereses de los 656 trabajadores y más de 30.000 pacientes en tratamiento. Además, el fondo ha resaltado la importancia de una financiación puente que permita mantener la actividad durante el proceso concursal.
La firma Uría Menéndez, que representa a OTPP, ha argumentado que la normativa concursal permite la transmisión de una unidad productiva sin la obligación de asumir los pasivos no satisfechos del concursado, cuestionando la necesidad de autorización previa de la Comisión Europea para proceder con la venta.
Este caso no solo marca el futuro de Vivanta y su plantilla, sino también el modelo de rescate y reestructuración de empresas en crisis en España, planteando interrogantes sobre la regulación financiera y la intervención estatal en el ámbito empresarial.