La Compañía de Jesús ha tomado una decisión contundente al expulsar al sacerdote Francesc Peris del estado clerical, en respuesta a las graves acusaciones de abuso sexual a menores. Este caso, que abarca un periodo que va desde 1974 hasta 2005, ha dejado una huella profunda en las comunidades afectadas tanto en Cataluña como en Bolivia. La orden ha reconocido su responsabilidad institucional y moral por los errores del pasado, en un comunicado que marca un hito inusual en la transparencia de las instituciones religiosas.
El escándalo en torno a Peris resurfaced tras la entrega de un informe al Papa Francisco en 2021, que documentó a 251 clérigos acusados de pederastia, entre los que figuraba el ahora expulsado sacerdote. A pesar de la gravedad de las alegaciones, la Compañía de Jesús tardó en actuar. Fue solo en mayo de 2023 cuando hicieron público su reconocimiento sobre las acusaciones adicionales en Bolivia, donde Peris había sido destinado temporalmente en 1982.
Según las cifras recopiladas, se estima que Peris pudo haber abusado de al menos 22 menores a lo largo de tres décadas. La primera denuncia formal contra él se presentó hace ocho años, pero las revelaciones se intensificaron cuando otros sobrevivientes comenzaron a compartir sus testimonios. Una joven boliviana, identificada como Juana, fue una de las primeras en relatar su experiencia, destacando el encubrimiento que sufrió en el colegio Juan XXIII de Cochabamba. Su valentía inspiró a otras víctimas a romper el silencio.
Un Proceso Judicial Transparente y Su Repercusiones
El caso de Peris fue objeto de una investigación canónica que culminó con su expulsión, que se considera la pena más severa contemplada por el Derecho Canónico. Sin embargo, muchos se preguntan qué sucederá ahora con las víctimas en Bolivia, donde la responsabilidad recae sobre la Compañía de Jesús local. A pesar de la seriedad de las acusaciones, hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna reparació en favor de las víctimas bolivianas.
La implicación de varios jesuitas españoles en abusos sexuales durante décadas es alarmante, y se estima que al menos medio millar de menores podrían haber sido afectados. A pesar de la declaración de la orden española, donde se enfatiza su compromiso de reparar a las víctimas, la falta de acción en Bolivia contrasta con sus esfuerzos.
Además de ser expulsado, Peris ha llegado a un acuerdo para vivir bajo estricta vigilancia en una residencia de la orden, donde deberá seguir una serie de normas que le prohíben cualquier contacto con menores o personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, el hecho de que su caso haya prescrito ante la justicia civil española significa que no enfrentará consecuencias adicionales en ese ámbito.
Este caso invita a una reflexión profunda sobre cómo las instituciones religiosas abordan la pederastia y su compromiso con la justicia y la reparación. La transparencia en los procesos internos es crucial, especialmente cuando se trata de las vidas de los más vulnerables.