Un caso de corrupción se cierne sobre el sector de franquicias de comida rápida en Estados Unidos. Janet Risi Field, cofundadora de una cooperativa que se encargaba de negociar acuerdos de suministro para los franquiciados de Subway, junto a su hermano Steven Louis Risi, ha sido acusada de malversar más de 80 millones de dólares mediante un esquema de sobornos que involucró a empresas proveedoras.
La Cooperativa de Compras Independiente (IPC) fue creada en 1996 con el objetivo de ayudar a los franquiciados a obtener los mejores precios en sus insumos. Sin embargo, la fiscalía alega que Risi Field comprometió esa misión al establecer acuerdos clandestinos con corredores de proveedores que le proporcionaban una parte de sus ganancias contractuales. Se estima que a través de empresas fantasma, la pareja acumuló más de 60 millones de dólares. Este dinero fue utilizado para la compra de propiedades en Florida y Carolina del Norte, así como para financiar un estilo de vida lujoso que incluía joyas y membresías en clubes privados.
El escándalo salió a la luz después de que IPC despidió a Risi Field en 2021 por razones no relacionadas con este incidente. A pesar de su despido, ella se llevó consigo más de 6 millones de dólares en un paquete de indemnización. Tanto ella como su hermano enfrentan penas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.
Impacto en el negocio de las franquicias
Aunque Subway no ha sido mencionado directamente en la acusación, la magnitud del esquema de sobornos podría tener repercusiones significativas en la percepción pública de la marca y de la industria de las franquicias en general. Con más de 20,000 locales en América del Norte, el caso pone de relieve la vulnerabilidad de las entidades no lucrativas frente a la corrupción.
A medida que las investigaciones avanzan, es crucial que los franquiciados se mantengan informados y vigilantes respecto a sus proveedores y asociaciones comerciales. La transparencia y la ética en los negocios son fundamentales para preservar la integridad del sector y la confianza de los consumidores.
Las autoridades continúan su investigación y se espera que en los próximos meses se presenten más detalles sobre el caso, que ha captado la atención de especialistas en cumplimiento normativo y ética empresarial.