La muerte de Diego Armando Maradona, acontecida el 25 de noviembre de 2020, sigue generando un intenso debate legal en Argentina, donde la Fiscalía ha atribuido la responsabilidad de su fallecimiento a un presunto acto de negligencia por parte del equipo médico que lo atendió en sus últimos días. En el alegato final del juicio, el fiscal Patricio Ferrari apuntó directamente al médico personal de Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien se acusa de actuar con desprecio hacia la salud del famoso futbolista.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de prisión para Luque, señalando que estaba al tanto del precario estado de salud de Maradona y que, a pesar de ello, no tomó las medidas adecuadas para garantizar su atención médica. Según Ferrari, el médico no gestionó una internación en un centro especializado, omitiendo realizar estudios críticos y permitiendo que el ícono del fútbol fuera trasladado a una vivienda inadecuada para su recuperación.
“Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo pusieron en esa casa de Tigre donde terminó muriendo”, enfatizó Ferrari, manifestando que la decisión de destinar al futbolista a un hogar tras su operación fue un error que concluyó en una “semana del terror” hasta su fallecimiento. Las condiciones de la casa, que carecía del equipamiento necesario para atender a un paciente tan crítico, fueron igualmente discutidas como un factor clave en esta tragedia.
Acusaciones de irresponsabilidad médica
El fiscal también ha puesto en entredicho los argumentos de la defensa que sugieren que la muerte de Maradona fue repentina. Cosme Iribarre, otro de los fiscales del caso, subrayó que la agonía prolongada del exfutbolista no era un hecho aislado, ya que los signos de su deterioro habían estado presentes mucho antes de su muerte. Las evidencias aportadas por la junta médica sostienen que el deterioro de su estado fue conocido por los profesionales encargados de su atención.
Junto a Luque, la Fiscalía también ha solicitado penas para otros miembros del equipo médico. Nancy Forlini, coordinadora de la aseguradora de salud Swiss Medical, enfrenta una posible condena de 10 años, mientras que la psiquiatra Agustina Cosachov podría recibir 8 años de prisión. Por otro lado, las solicitudes de pena se han reducido para otros implicados, al no poder probarse suficiente desprecio hacia el riesgo de muerte, como en el caso de un psicólogo y dos enfermeros.
El juicio, que comenzó en abril de 2026, ha estado marcado por más de 40 audiencias y la declaración de 70 testigos, convirtiéndose en un proceso singular no solo por la figura del acusado, sino también por ser el segundo juicio por el mismo caso. El primer proceso se anuló debido a un escándalo relacionado con la participación de un miembro del tribunal en un documental sobre el juicio.
Con el cierre de los alegatos por parte de la Fiscalía, se espera que el tribunal se pronuncie sobre la responsabilidad penal de los implicados y las posibles condenas que se impongan, un desenlace que sigue capturando la atención de medios y del público en general en Argentina y más allá.