La actual situación de las inversiones en infraestructuras en España refleja un panorama preocupante, marcado por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). María José de la Fuente, letrada del Tribunal de Cuentas, ha señalado que esta carencia ha propiciado una caída en la inversión y en el mantenimiento de la red ferroviaria, factores que se han correlacionado con recientes incidentes en la alta velocidad.
Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el Gobierno ha operado con los presupuestos de 2023, sin haber presentado nuevas propuestas durante su mandato. Esta estrategia ha obligado a reestructurar más de 330.000 millones de euros a través de transferencias entre ministerios y ajustes en los créditos, mientras que la deuda pública continúa creciendo, a pesar de la notable recaudación fiscal que se ha reportado anualmente.
De la Fuente enfatizó, durante su intervención en el XXXVI Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en Toledo, que la ausencia de nuevos presupuestos ha limitado drásticamente las iniciativas en materia de construcción y reforma de infraestructuras, afectando no solo a la administración central, sino también a los niveles autonómicos, que dependen de estas cuentas para planificar sus gastos e inversiones.
Impacto en la planificación fiscal
El vacío presupuestario ha creado una incertidumbre que ha extendido sus efectos a diversas áreas de la administración pública. Sin tener claridad sobre las inversiones estatales, las comunidades autónomas carecen de información vital para sostener sus propias previsiones. Este desfase en la planificación ha sido corroborado por expertos como Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Complutense, quien destaca la importancia de contar con un sistema de mantenimiento ferroviario eficiente y bien gestionado.
La falta de nuevas Cuentas Públicas no solo ha sido objeto de crítica por el impacto en la infraestructura ferroviaria, sino también por su relación con el reciente accidente en Urda. La expresidenta del Tribunal de Cuentas definió la prórroga de los presupuestos como un recurso excepcional, insistiendo en la necesidad de renovar estas cuentas para evitar situaciones de riesgo.
En este sentido, Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), subrayó recientemente que se requieren nuevos PGE que sustenten una planificación fiscal coherente para el futuro. La falta de ajuste en los presupuestos se vuelve aún más crítica en un contexto de crecimiento poblacional, que ha acentuado las necesidades en áreas como sanidad, educación y vivienda.
Medidas parche en lugar de soluciones sostenibles
Desde la expiración de los PGE de 2023, el Gobierno español ha tenido que recurrir a múltiples medidas temporales para hacer frente a distintas crisis, como el aumento del gasto en pensiones y las necesidades derivadas de la guerra en Ucrania. Las modificaciones y traspasos de crédito han superado los 330.000 millones de euros, cifra que podría incrementarse con nuevas restricciones y demandas gubernamentales a medida que se acercan las elecciones generales.
A pesar de la inyección ofrecida por los fondos europeos y un aumento en la recaudación fiscal, ha quedado claro que las inversiones en infraestructuras, especialmente en el sector ferroviario, han quedado relegadas. La falta de un marco financiero estable y en constante revisión ha dejado a muchas iniciativas en un limbo, incapaces de concretarse ante un entorno cada vez más exigente.