Endesa ha enfrentado una derrota significativa en su intento de recuperar los más de 922.000 euros que corresponden al impuesto medioambiental que afecta a distintos usos del agua embalsada para la generación de electricidad. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), comunicada el 5 de octubre, desestima los recursos presentados por la compañía, que es parte del grupo italiano Enel.
Las resoluciones implican dos procedimientos diferentes. El primero se refiere a la instalación hidroeléctrica de Lanuza, donde la empresa reclamó 831.881,25 euros. La segunda concierne al embalse de Canfranc, asociado a un reclamo de 90.127,85 euros. Ambas instalaciones están ubicadas en el Pirineo aragonés.
El TSJA ha sostenido que Endesa no ha logrado crear dudas sobre la validez de este tributo ni obtener la devolución del dinero solicitado. De hecho, el tribunal también ha descartado la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o interponer una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como había solicitado la empresa.
Un impuesto con enfoque medioambiental
La controversia se centra en la manera en que se calcula este Impuesto Medioambiental, que se aplica a ciertos aprovechamientos de agua embalsada, especialmente los destinados a la producción energética. La empresa argumentó que los criterios usados para determinar el impuesto, que incluyen factores como la altura de la presa y la capacidad del embalse, no son indicadores probatorios del daño ambiental producido.
Endesa cuestionó la justificación del impacto ambiental que podían tener estas medidas y pidió que los ingresos recaudados fueran destinados a actividades de protección y restauración del medio ambiente. Sin embargo, la interpretación de la compañía fue desestimada por el tribunal, que sostuvo que los criterios fiscales son adecuadamente vinculados al impacto ambiental derivado del uso del agua embalsada.
Defensa del gravamen por parte de Aragón
El TSJA enfatiza que no hay motivos para cuestionar los parámetros impuestos, y considera que estos reflejan un impacto ambiental razonable en relación con el uso del agua. Además, argumentó que la falta de una asignación de ingresos específica no es suficiente para invalidar el impuesto, ya que existen diferentes programas de protección ambiental respaldados por el gobierno aragonés.
Como resultado, Endesa no podrá recuperar los 922.009,10 euros que solicitó, lo que representa un duro golpe financiero para la compañía en el contexto de sus operaciones en la comunidad aragonesa.
Posibles recursos y antecedentes legales
A pesar de esta desventaja, el tribunal ha permitido que Endesa interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de un plazo de 30 días. La empresa ya ha tenido éxito en litigios fiscales previos ante este tribunal, lo que abre la posibilidad de que pueda revertir esta situación. Recientemente, Endesa ganó la capacidad de recuperar 65 millones de euros en tributos vinculados al Impuesto sobre el Carbón, lo que podría implicar que esta nueva situación sea abordada en el mismo sentido.
Este caso recalca la importancia de los tributos medioambientales en la generación de energía y cómo su aplicación puede ser objeto de disputas legales significativas en el sector energético.