El debate sobre la regulación del consumo energético en los centros de datos está tomando un nuevo giro en España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha manifestado su preocupación respecto a un proyecto de real decreto que el Gobierno planea aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre. Este decreto impone exigencias sobre el uso de energía renovable que, según la CNMC, podría ser excesivo y contraproducente.
El informe de la CNMC revela una necesidad clara de ordenar el crecimiento de un sector que presenta un consumo eléctrico considerable, proyectándose inversiones de hasta 70.000 millones de euros. Sin embargo, el organismo propone que las políticas energéticas se adapten a las realidades del mercado, evitando que la expansión de los centros de datos impacte negativamente en los demás consumidores.
Uno de los puntos más polémicos del decreto es la exigencia de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo eléctrico anual mediante autoconsumo o contratos vinculados a nuevas instalaciones renovables en España. Esta regulación ha suscitado críticas, especialmente de empresas agrupadas en la patronal SpainDC, que incluye a grandes nombres como Amazon, Microsoft y Google.
Requisitos de autoconsumo: un desafío para el sector
El proyecto estipula que las instalaciones renovables deben estar operativas al menos 18 meses antes de que se inicie la actividad del centro de datos, una norma que la CNMC considera poco flexible. Argumentan que es poco acertado imponer esta regla sin considerar que en muchos momentos hay producción renovable sobrante que no se utiliza plenamente. En tales ocasiones, un consumo adicional por parte de estos centros podría ayudar a aprovechar esa energía desechada.
Para optimizar el uso de recursos, la CNMC sugiere que los requisitos se adapten a las condiciones del mercado, especialmente en las horas de baja producción renovable, donde un aumento en la demanda podría afectar los precios o incrementar el uso de fuentes contaminantes.
Además, el informe indica que la propuesta exige que, en cada hora de operación, al menos el 80% de la electricidad consumida sea respaldada por generación renovable en tiempo real. Esta condición no solo es desafiante, sino que podría llevar a un sobredimensionamiento de las instalaciones renovables necesarias, afectando costos y eficiencia.
Régimen sancionador: un riesgo para el sector
El régimen sancionador propuesto por el Gobierno también ha levantado críticas. Este sistema incluye recargos en los peajes de transporte y distribución para los centros que no cumplan con las obligaciones de energía renovable. Las sanciones varían y pueden oscilar entre el 100% y el 500% en caso de no cumplir con los requisitos de adicionalidad, así como recargos de entre el 10% y el 50% para quienes fallen en la correlación horaria.
La CNMC advierte que estas penalizaciones no deberían aplicarse a través de los peajes y cargos, ya que su objetivo es recuperar los costos del sistema. El regulador sugiere que estas penalizaciones sean canalizadas a través de mecanismos específicos, los cuales deberían ser claros y justificados, para evitar problemas de competencia y confusión normativa.
Por último, el decreto también contemplaba que el incumplimiento podría resultar en la pérdida de permisos de acceso y conexión—algo que desde SpainDC han calificado como un veto encubierto. La CNMC enfatiza la necesidad de coordinar mejor las competencias de las distintas entidades involucradas en la regulación del sector energético para garantizar una implementación efectiva y sin ambigüedades.