La creciente presión económica provocada por el aumento de los costes energéticos, especialmente tras el conflicto en Oriente Próximo, ha llevado al Gobierno español a implementar un nuevo paquete de medidas destinado a mitigar su impacto sobre empresas y hogares. Sin embargo, los esfuerzos hasta ahora han resultado insuficientes para contener los precios finales y mejorar la competitividad de las pymes e industrias nacionales.
A pesar de que el mercado mayorista español ofrece precios más competitivos, gracias a una mayor implantación de energías renovables, las industrias electrointensivas han visto cómo sus facturas son notablemente más elevadas. Según datos recientes, el pasado 14 de septiembre, estas industrias pagaron un 38% más que sus homólogas en Francia y un 14% más que en Alemania. Este desfase se atribuye a los costos regulados, impuestos y cargos, además de los elevados servicios de ajuste, los cuales han aumentado más de cuatro veces desde 2019.
Un informe de la CEOE ha estructurado estas preocupaciones y propone acciones con el respaldo unánime de los sectores representados en la organización. En el contexto actual, se hace un llamado a los partidos políticos para la implementación de un plan estructural que abarate el costo de la electricidad, mejorando así la competitividad del tejido industrial español.
Propuestas para la reducción de costes energéticos
El informe destaca varias medidas clave, entre las que se incluyen:
- Reducción de impuestos especiales sobre electricidad y gas.
- Redistribución de cargos no vinculados al suministro.
- Exención de peajes para la industria electrointensiva.
- Revisión de las operaciones reforzadas y restricciones técnicas.
Implementar estas propuestas podría reportar un ahorro acumulado de 25.730 millones de euros para los consumidores en los próximos cinco años, lo que se traduce en una reducción de hasta el 41% en las facturas de electricidad para hogares y empresas.
Además, según la CEOE, el diseño del plan se sugiere realizar en fases, con ajustes previstos en los Presupuestos Generales del Estado por un valor de casi 27.000 millones de euros entre 2027 y 2031. Estos ajustes están orientados principalmente a la redistribución de los cargos eléctricos, como los subsidios a las energías renovables, que podrían financiarse de manera socializada, en lugar de recaer exclusivamente sobre el consumidor.
Las proyecciones indican que el ahorro en las facturas eléctricas no solo beneficiaría a los consumidores, sino que también dinamizaría la economía, con un aumento previsto del PIB en torno a 4.380 millones de euros anuales desde 2032. Esto resulta en un total de 26.310 millones de euros que la economía española generaría más que en circunstancias sin implementar estas medidas.
En un contexto donde el gasto público está en aumento, estas propuestas representan no solo una oportunidad para reducir costes, sino también para incrementar la recaudación a través de otras figuras impositivas, impulsadas por una mayor actividad económica. Los cálculos indican que la recaudación adicional asociada a estas medidas podría superar los 7.760 millones de euros, lo que permitiera compensar la caída en ingresos provocada entre 2027 y 2031.
Por último, el informe también hace hincapié en la importancia de incorporar medidas complementarias que refuercen la competitividad energética y fomenten el crecimiento económico. Estas incluyen la revisión de tarifas gasistas y el impulso al uso de biometano y gases renovables, elementos esenciales en la transición energética actual.