En el marco de la reciente Nit del’Empresa organizada por CECOT, Joan Font, CEO de Bon Preu, planteó de manera contundente la necesidad de aumentar la inversión en Cataluña. Su advertencia sobre el deterioro de las infraestructuras, que se comparó con la situación de Rodalies, resalta un problema persistente en la región: la falta de financiamiento para proyectos esenciales que sustentan el funcionamiento social y económico de Cataluña.
Font no solo criticó el escaso avance de las promesas previas del gobierno central, sino que también habló de la decepción generada por los compromisos adquiridos por el PSC y sus aliados, quienes habían hecho del incremento de la inversión en Cataluña un punto clave en su agenda. Sin embargo, a pocos meses de la celebración de nuevas elecciones, las promesas parecen haberse desvanecido.
Por su parte, el político Rufián defiende su permanencia en el ámbito político como una forma de impedir que la derecha asuma el poder, alegando que ello podría perjudicar a la comunidad catalana. Mientras tanto, Pedro Sánchez se presenta como un defensor de la descentralización, junto a los Comunes, quienes abogan por una España confederal. Sin embargo, se plantean interrogantes sobre el grado de efectividad en el apoyo a Cataluña durante la última legislatura.
A pesar de los anuncios del gobierno, muchas de las iniciativas prometidas no han llegado a materializarse. Un claro ejemplo es el acuerdo que ERC alcanzó para modificar la financiación autonómica, cuyo impacto esperado aún no ha sido registrado. La culminación de la legislatura ha dejado a Cataluña sin confirmaciones sobre este nuevo modelo que aseguraría una financiación justa y equitativa.
Asimismo, se ha diluido el acuerdo que permitiría la condonación de un tercio de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, que ha suscitado expectativas en una comunidad con altos niveles de deuda. La promesa de crear una Agencia Tributaria Catalana, que otorgaría a Cataluña un estatus similar al de comunidades forales como Navarra, ha quedado igualmente sin concretar, evidenciando la distancia entre la retórica y la realidad política.
En el ámbito de las infraestructuras, el Corredor Mediterráneo ha sido objeto de frustración por parte de los usuarios y activistas. A pesar de que se había fijado un ambicioso plan de ejecución entre 2023 y 2025, los plazos se han prolongado, y el avance de los tramos está muy por debajo de lo esperado, subrayando una falta de compromiso continuo con el desarrollo regional.
La situación en Rodalies también ha sido crítica. Según el seguimiento del colectivo Radar Rodalies, se registraron más de 5,500 incidencias en un sólo año, lo que derivó en un descenso significativo de usuarios, un 25.2% en el primer trimestre. A esta problemática se suma el retraso en las inversiones para el aeropuerto de El Prat, cuyas obras importantes han sido pospuestas hasta más allá de 2030, afectando gravemente la conectividad de la región.
Finalmente, la desaprobación en torno a la gestión de infraestructuras como la AP-7 también se ha hecho evidente, siendo esta carretera crítica para la movilidad en la comunidad. La inquietud en torno a la falta de acción y la sensación de abandono creciente se perciben en el sentir empresarial y ciudadano en Cataluña, donde los resortes políticos deben encontrar un equilibrio entre los intereses de inversión y las aspiraciones de autonomía regional.
La compleja interrelación entre promesas políticas, necesidades infraestructurales y el deseo de desarrollo sustentable en Cataluña demanda una atención urgente y una planificación efectiva. La manera en que se aborden estos desafíos será determinante para el futuro de la región y su interacción con el resto del país.