La reciente propuesta de real decreto para regular los centros de datos en España ha generado un intenso debate dentro del sector. La asociación SpainDC, representante de los ‘data centers’ en el país, ha expresado su preocupación respecto a las implicaciones de esta normativa, que introduce un régimen específico para proyectos gubernamentales, como la gigafactoría de inteligencia artificial en Mora la Nova, Tarragona.
Este nuevo marco legal pretende fortalecer la soberanía digital europea, brindando un trato diferencial a proyectos vinculados a la inversión pública. Sin embargo, críticos como Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, señalan una incoherencia en este enfoque. «El Gobierno se autoexcluye de las exigencias generales al ofrecerles un régimen flexible, mientras al resto de la industria se le imponen condiciones más estrictas», ha afirmado.
Inquietudes ante las nuevas exigencias
La norma ha sido calificada de inviable por expertos del sector, quienes argumentan que las exigencias planteadas, como un 80% de generación renovable horaria, son desproporcionadas y ponen en riesgo la estabilidad operativa de los centros de datos. Se denunciaron también decisiones que parecen favorecer a ciertas iniciativas públicas, lo que ha suscitado un clima de desconfianza respecto a la equidad regulatoria en la competencia por desarrollos de infraestructura.
Desde organismos del sector se ha manifestado que las condiciones impuestas resultan difíciles de cumplir y podrían colocar a la industria en una situación de desventaja significativa. Emilio Díaz, presidente de SpainDC, ha destacado que la nueva regulación podría llevar incluso a una selección arbitraria de sectores que enfrentarían cortes en el suministro eléctrico, algo que podría comprometer la continuidad de las operaciones críticas de los centros de datos.
Cambios en la normativa y sus repercusiones
A pesar de las críticas, el nuevo texto mantendrá la obligación de que al menos el 80% del consumo eléctrico de cada hora debe ser respaldado por generación renovable. Este requerimiento ha sido considerado rígido por la asociación, que argumenta que puede incurrir en sobredimensionamiento de la capacidad y almacenamiento eléctrico, haciendo referencia a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que abogan por una revisión de estas exigencias.
Otro punto de notable preocupación es la gestión de permisos para proyectos ya en desarrollo. Aquellos que cuentan con permisos de acceso pero no están conectados físicamente dispondrán de solo seis meses para adaptarse, lo que podría derivar en la pérdida de las autorizaciones obtenidas.
Reacciones y acciones futuras de SpainDC
La asociación ha manifestado su intención de activar una serie de vías legales y regulatorias para enfrentar lo que consideran una modificación sustancial del proyecto originalmente sometido a consulta. SpainDC planea presentar alegaciones al Consejo de Estado y solicitar una revisión de la normativa por parte de la CNMC, considerando que el decreto actual altera inversiones previas y afecta a la competitividad de España en el sector digital.
Con un panorama complejo y un marco regulatorio en evolución, se vislumbra un futuro incierto para los centros de datos en España. La industria espera que se tomen en cuenta las preocupaciones planteadas y se establezcan condiciones más equilibradas que fomenten un desarrollo sostenible y competitivo en el sector.