La empresa Alquiler Seguro se enfrenta a un nuevo desafío legal tras recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La sanción, que se basa en prácticas consideradas abusivas hacia los inquilinos, ha llevado a la inmobiliaria a agotar las vías administrativas previas y optar por la vía judicial para impugnarla.
Este recurso se enmarca en un procedimiento que ya está siendo tramitado por el tribunal, y que requiere que las partes involucradas se presenten en un plazo de nueve días. La polémica se originó a raíz de una resolución emitida en diciembre de 2025, donde se dictaban varias infracciones graves y muy graves en materia de protección del consumidor, sumando un total de siete sanciones específicas.
Infracciones y Prácticas Cuestionadas
Las prácticas que llevaron a la imposición de la sanción incluyen la exigencia de que los inquilinos contraten un seguro de hogar en beneficio del propietario y el cobro de gestiones relacionadas con la reclamación de deudas. Estas acciones fueron catalogadas por el Ministerio como abusivas, contraviniendo la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, la cual prohíbe trasladar ciertos gastos a los arrendatarios.
Entre las infracciones más destacadas se encuentra la obligación de contratar el Servicio de Atención al Inquilino (SAI), que Consumo considera como un gasto adicional que debe ser asumido por el propietario. También se sanciona a la empresa por incluir cláusulas que permiten registrar a los inquilinos en listas de morosos sin importar la naturaleza de la deuda o su exigibilidad, lo que puede tener un impacto significativo en la reputación de los afectados.
Como parte de la resolución del Ministerio, Alquiler Seguro está obligada a corregir las prácticas sancionadas, eliminar las cláusulas problemáticas y hacer pública la sanción, indicando su denominación social y las infracciones cometidas. La compañía se ha manifestado en contra de la sanción, afirmando que los servicios cuestionados son legales y considera que la multa es injusta y con una fuerte carga ideológica.
Este caso no solo pone de relieve los retos que enfrentan las empresas en el sector inmobiliario en relación con la regulación del alquiler, sino también la tensión entre los derechos de los inquilinos y las prácticas comerciales de las inmobiliarias. La resolución del tribunal en este asunto será observada con atención por diversos actores en el sector, ya que podría sentar un precedente importante sobre las normativas aplicables.