Las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre marcarán un momento crucial en la agenda política del país, especialmente en lo que respecta a la revalorización de las pensiones para 2027. Los pensionistas se encuentran en un estado de incertidumbre respecto a la subida que deberán recibir en enero. Sin embargo, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, existe una garantía legal que asegura esta revalorización, aunque el proceso podría verse afectado en cuanto a su fecha de implementación.
La seguridad que ofrece la ley se basa en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que estableció, tras la reforma de la Ley 21/2021, que la actualización anual de las pensiones contributivas debe estar vinculada al IPC medio registrado en los doce meses anteriores a diciembre. Asimismo, las pensiones mínimas y las no contributivas tienen un incremento adicional, conforme al Real Decreto-ley 2/2023.
Expectativas de aumento en las pensiones contributivas
Se estima que la revalorización de las pensiones contributivas podría situarse en un 3,5%. Esto dependerá del indicador del IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones. El dato definitivo será revelado el 15 de diciembre. El análisis de Muñoz sugiere que, en caso de que el porcentaje se confirme, la revalorización podría ser aprobada por el gobierno en funciones antes de que se constituya el nuevo Congreso, el 23 de diciembre.
La manera en que se apruebe esta norma afectará únicamente al momento en que los pensionistas recibirán los incrementos. Si el decreto se valida antes de finales de diciembre, los beneficiarios verán el incremento en su nómina de enero. De lo contrario, si la aprobación se retrasa a enero o febrero, la Seguridad Social compensará la diferencia acumulada desde el 1 de enero, evitando así pérdidas para los pensionistas.
Un precedente a considerar es lo ocurrido tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019. En aquella ocasión, el gobierno en funciones aprobó el Real Decreto-ley 18/2019 el 27 de diciembre, manteniendo de forma provisional las pensiones de 2019, y el incremento del 0,9% se realizó más tarde, con efectos retroactivos a partir de enero de 2020. Los atrasos correspondientes se abonaron en la nómina de febrero.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital y las pensiones mínimas y no contributivas, los aumentos adicionales estarán sujetos a las decisiones que tome el nuevo gobierno respecto al decreto en cuestión. Este aspecto pone de manifiesto la influencia de la política en las decisiones sobre las pensiones, un tema sensible para una parte importante de la población.