El recientemente emitido fallo por parte del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones en Estados Unidos ha generado un amplio debate sobre el derecho a un agua limpia y segura. Este tribunal confirmó el rechazo a una demanda presentada contra la ciudad de Jackson, Mississippi, que alegaba que el gobierno local había permitido deliberadamente que sus ciudadanos consumieran agua contaminada con plomo. Este caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad del gobierno y los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia de salud pública.
La demanda fue interpuesta en 2022 y sustentaba que la contaminación del agua violaba el derecho constitucional de los residentes de Jackson a la integridad corporal. Sin embargo, el juez Kurt Engelhardt, nombrado por Donald Trump, determinó que «la Constitución no proporciona un recurso para cada agravio gubernamental». Engelhardt argumentó que, aunque las acciones del gobierno privaron a los ciudadanos de agua limpia, estas carencias no constituyen una violación de un derecho constitucional profundamente arraigado.
Contra la decisión del Quinto Circuito, existen precedentes en más de nueve estados de EE.UU. y en otros países donde el acceso a agua potable se reconoce como un derecho fundamental. En lugares como Uruguay y Sudáfrica, este derecho está consagrado en sus respectivas constituciones. De hecho, la constitución del estado de Nueva York, desde una enmienda en 2021, establece que «cada persona tiene derecho a un aire y agua limpios, así como a un entorno saludable». Massachusetts, desde 1972, también protege constitucionalmente el derecho a agua limpia.
A pesar de la gravedad de la situación en Jackson, donde más del 80% de su población es afroamericana y el índice de pobreza es superior al promedio nacional, el fallo subraya una percepción negativa del marco constitucional para abordar problemas de salud pública. Los residentes, incluidos aquellos que firmaron la demanda, aseguraron que la administración local ocultó información crítica sobre la toxicidad del agua, emitiendo avisos de hervir el agua que no resolvieron el problema de contaminación por plomo.
En 2015, la agencia de salud del estado detectó altos niveles de plomo en el suministro, pero no advirtió a la población durante seis meses. A partir de pruebas llevadas a cabo en 2020 por la EPA, se identificaron «violaciones persistentes y preocupantes» de las normas de seguridad del agua, incluyendo filtraciones y corrosión en el sistema de agua. Sin embargo, no se implementaron soluciones efectivas.
El impacto de esta situación es devastador, especialmente en los niños, quienes son más susceptibles a las consecuencias del envenenamiento por plomo. La demanda destaca que varios hijos de una de las denunciantes han sido diagnosticados con envenenamiento por plomo, lo que puede causar daños cerebrales permanentes. Un 25% de los habitantes de Jackson son niños, reforzando la urgencia de abordar este crisis sanitaria.
Un contexto más amplio
El fallo del Quinto Circuito se produce en un momento en que la administración de Trump busca desmantelar las protecciones relacionadas con la calidad del agua. En la misma jornada, la EPA publicó una nueva norma que debilita el Acta de Agua Limpia, recibiendo críticas por parte de organizaciones medioambientales. Expertos como Jim Murphy, de la National Wildlife Federation, advirtieron que, si no se protegen los cuerpos de agua, la carga de un agua potable contaminada y aumentos en las inundaciones recaerá sobre las familias, que ya enfrentan dificultades económicas.
Este caso en Jackson resalta la necesidad de un enfoque más robusto en la protección del derecho al agua, especialmente en comunidades vulnerables. A medida que el debate sobre la salud pública y la responsabilidad gubernamental continue, surgen preguntas sobre la viabilidad de garantizar acceso a agua limpia como un derecho inalienable para todos los ciudadanos.