A partir de 2027, las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas se enfrentarán a un cambio significativo en la auditoría de sus cuentas. La nueva normativa, que deriva de la NIA-ES 570 (Revisada 2024), introducirá requisitos más rigurosos en el análisis de la capacidad de estas entidades para continuar operando en los próximos 12 meses. Este avance ofrece una mayor transparencia y fiabilidad en las auditorías, algo que se considera crucial para la salud financiera de las empresas.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha modificado esta normativa para alinearse con los estándares internacionales del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). Según el ICAC, el propósito de esta revisión es «reforzar la fiabilidad, coherencia y transparencia» en la capacidad de las empresas para mantener su funcionamiento. Este exigente enfoque implica una revisión pormenorizada de los ingresos y gastos, flujos de caja y la situación de financiación de la empresa, así como las estrategias planificadas por sus administradores para enfrentar cualquier posible dificultad.
Auditorías más exhaustivas
La evaluación de la continuidad de las empresas no es un concepto nuevo, pero la revisión de la NIA-ES 570 profundiza en el proceso. A partir de ahora, los auditores deberán examinar a fondo el modelo de negocio, los objetivos y las estrategias de la empresa, incluyendo los riesgos a los que se enfrenta y las necesidades financieras existentes. De esta forma, se busca analizar si la empresa está en condiciones de seguir operando de manera efectiva.
Entre los indicadores que pueden plantear dudas sobre la viabilidad de una empresa se encuentran una posición patrimonial negativa, el vencimiento inminente de préstamos sin posibilidades de renovación y flujos de efectivo negativos. Sin embargo, las dificultades no siempre son visiblemente contables; la pérdida de un cliente clave o la escasez de suministros también pueden amenazar la continuidad de la operación.
El papel del apoyo financiero
En muchas pymes, la continuidad del negocio suele depender del soporte financiero de los propietarios. Pueden ofrecer préstamos, garantizar financiación bancaria o comprometerse a inyecciones de capital en situaciones de iliquidez. La nueva normativa exige, en estos casos, que los auditores verifiquen documentalmente el compromiso financiero de los propietarios así como su capacidad económica.
Podría suceder lo mismo con una posible renovación de crédito bancario, donde el auditor evaluará las condiciones y solicitará confirmaciones que sustenten la viabilidad de la continuidad de la financiación.
Exenciones y requisitos específicos
No todas las pymes estarán obligadas a auditar sus cuentas conforme a la nueva normativa. La NIA-ES 570 se aplicará únicamente a aquellas empresas que ya están sujetas a auditoría, ya sea por obligación legal o por decisión voluntaria. De manera general, una pyme puede evitar la auditoría si durante dos años consecutivos no supera ciertos límites financieros, como activos de 2,85 millones de euros o una cifra de negocios de 5,7 millones de euros.
También existen situaciones que obligan a la auditoría, como la recepción de subvenciones específicas o la participación en contratos con el sector público. Además, los socios minoritarios pueden solicitar auditorías bajo ciertos criterios establecidos en la legislación mercantil. Este cambio normativo obligará a las pymes a prepararse de una forma más rigurosa, pues no solo se estará revisando el año anterior, sino que también se evaluará la viabilidad a futuro de sus operaciones.