La vuelta al cole en Cataluña este año no ha sido un inicio convencional. Desde la primera jornada, el ambiente ha estado marcado por tensiones y protestas de los docentes, quienes han optado por manifestar sus descontentos a través de cortes de carretera y acciones en varias localidades. Iniciativas organizadas por los sindicatos Ustec, CGT y la Intersindical, junto con la Asamblea Educativa de Cataluña, han generado una serie de bloqueos en puntos clave de la región, lo que ha afectado tanto el tráfico rodado como el transporte ferroviario.
Desde las primeras horas del día, un centenar de educadores cortaron la ronda Litoral y de Dalt, además de otras vías importantes, como la Gran Via de Barcelona y la C-58 en Sant Quirze del Vallès. También en Lleida, los docentes se congregaron en la estación ferroviaria de Lleida-Pirineus, interrumpiendo la circulación de trenes, incluyendo las conexiones de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. En Tarragona, la intención de cortar los accesos al puerto fue contenida por la actuación de los Mossos d’Esquadra.
Este inicio de curso coincide con una controversia relacionada con los resultados de las pruebas PISA. Aunque estos resultados no serán válidos para Cataluña debido a un error en el proceso de preparación que excluyó a un 23% de los alumnos, los conflictos educativos siguen dominando la agenda pública. Las organizaciones detrás de la huelga han argumentado que el sistema educativo enfrenta problemas estructurales que no han encontrado una respuesta adecuada por parte de las administraciones.
Entre sus demandas, los educadores piden la reducción de las ratios alumnos-profesor, aumento de personal para la educación inclusiva, adecuación de las instalaciones educativas, disminución de la burocracia y una inversión del 6% del PIB en educación. También se han planteado cuestiones relacionadas con la protección del idioma catalán y la necesidad de consensuar los currículos educativos, así como la no clausura de grupos en la educación pública.
En medio de este clima, el número de alumnos que regresa a las aulas asciende a 932,543 en la etapa obligatoria. Si se consideran todas las etapas previstas, desde guarderías hasta formación profesional, esta cifra se eleva a 1.31 millones de estudiantes. Por otro lado, la plantilla de personal educativo ha incrementado, alcanzando las 94,422 dotaciones, gracias a la incorporación de 1,830 profesionales, entre los que se incluyen docentes, personal de atención educativa y administrativos.
Este aumento en el personal docente responde a un crecimiento de las necesidades del sistema educativo y los acuerdos alcanzados en los primeros meses del año con varias organizaciones sindicales, que buscaban mitigar el conflicto educativo en curso. Entre las iniciativas acordadas, se contemplan aumentos salariales, reflejando no solo el reconocimiento a la labor docente, sino también el desafío que enfrenta el sistema en la actualidad.